Cámara de Diputados

02 Mayo, 2026

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Cámara de Diputados

Buscan aprobar Ley General de Aguas antes de concluir el periodo de sesiones

19 Nov 2020

267 veces

Hoy se les entrega el dictamen y sesionaremos el día 2 de diciembre, para en esa o a más tardar en una semana se apruebe y se presente al Pleno antes de la clausura del periodo

Reforzarán medidas sanitarias en las próximas sesiones de la Cámara de Diputados

19 Nov 2020

264 veces

Se presentaron las propuestas del Grupo de Asesoría en materia de Prevención y Fortalecimiento de Medidas Sanitarias

Turnan a comisiones seis iniciativas de senadores y del Congreso de Coahuila

18 Nov 2020

233 veces

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público se envió la iniciativa de la senadora Eva Eugenia Galaz Caletti (Morena), que adiciona un párrafo al inciso a) de la fracción I del artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para apoyar a la industria vitivinícola.

PAN, a favor de incluir en la Carta Magna las lenguas indígenas

18 Nov 2020

265 veces

Los diputados del PAN, Marcelino Rivera Hernández y Carlos Alberto Valenzuela González se pronunciaron a favor de elevar a rango constitucional las lenguas indígenas y aseveraron que el reto será garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos originarios.

Tras cerrar negociación del PEF, Morena señala: 'no cedemos a presión'

13 Nov 2020

270 veces

Morena sólo aceptó en el pleno cinco reasignaciones propuestas por sus legisladores, para dar 50 millones de pesos adicionales al Tribunal Electoral, para lo que le quitaron 25 millones a la Suprema Corte y otros 25 millones al Consejo de la Judicatura

Diputados aprueban en lo particular el Presupuesto de Egresos 2021; pasa al Ejecutivo

13 Nov 2020

266 veces

Tras una sesión semipresencial que se prolongó por casi 21 horas continuas y con 'mañanitas' y felicitaciones de la bancada de Morena para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este viernes en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021.

En la discusión del PEF no se ha privilegiado a ningún partido o legislador por encima de otro

12 Nov 2020

252 veces

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, afirmó que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 en ningún momento se ha privilegiado a ningún partido o a alguna legisladora o legislador por encima de otro.

Diputados se van a segundo receso tras sesión maratónica de Presupuesto

12 Nov 2020

265 veces

Morena anunció 157 demandas de cambios; el PT, 11; PES, 54; PVEM, 6; PAN, 338; PRI, 223; MC, 152; PRD, 76, y los legisladores sin partido otras 12.

Anuncia la Cámara de Diputados dos nuevas formas para comunicar los trabajos legislativos

10 Nov 2020

267 veces

La Cámara de Diputados emitirá dos nuevos productos en los que destaca los aspectos más relevantes, por su trascendencia, de la labor legislativa de la semana.

Sin improvisaciones, el PEF 2021 debe atender necesidades y urgencias del país

09 Nov 2020

286 veces

En un comunicado, sostuvo que el presupuesto debe ver al México de todos con cuatro grandes prioridades de gasto para atender la salud de los mexicanos, el desempleo y combate a la pobreza; la Inseguridad pública y la violencia; y la gobernanza y la lucha contra la corrupción.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.