Elecciones 2021

30 Abril, 2026

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Elecciones 2021

‘Quedó en un sustote’: Mauricio Kuri sale del hospital tras accidente cerebro-vascular

28 Abr 2021

461 veces

Mauricio Kuri, candidato a la gubernatura de Querétaro, salió esta mañana del hospital, luego de haber sufrido un evento vascular leve en una arteria cerebral.

Zamora, por devolver ‘lo que el gobierno quitó’

26 Abr 2021

435 veces

El candidato a gobernador de Sinaloa, Mario Zamora (PRI, PRD y PAN), recorrió las comunidades El Carrizo, Chávez Talamantes y el ejido Primero de Mayo, en el municipio de Ahome y manifestó que nunca más los ciudadanos de la región se sentirían apartados

Magistrada del Tribunal Electoral propone ‘revivir’ candidatura de Raúl Morón

22 Abr 2021

428 veces

No obstante, en el proyecto que podría ser votado este jueves en la Sala Superior del TEPJF, la magistrada Soto Fregoso insistió en que se debe individualizar la sanción, pero ahora sí ordena al INE modificar el tipo de sanción.

Es una manipulación: David Monreal sobre video que muestra tocamiento indebido a candidata de Morena

21 Abr 2021

418 veces

David Monreal, candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ a la gubernatura de Zacatecas, rechazó este martes haber tocado de forma indebido a Rocío Moreno, abanderada de Morena a la alcaldía de Juchipila.

Da entrada TEPJF a impugnación de Morón Orozco

19 Abr 2021

427 veces

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aceptó a trámite el recurso de apelación presentado por Raúl Morón Orozco contra el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que le quitó el registro como candidato de Morena al gobierno de Michoacán.

¿La aprobación de AMLO ayudará a Morena en las elecciones 2021? a Morena en las elecciones 2021?

15 Abr 2021

403 veces

En las 15 entidades donde habrá elecciones este año, lo que más pesa es la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, apuntó este jueves Alejandro Moreno, director de Encuestas y Estudios de Opinión de El Financiero.

‘Ya no hay toro’: INE reitera cancelación de registro a Salgado Macedonio

14 Abr 2021

542 veces

Pese a las amenazas a consejeros electorales, pese a las protestas y pese al plantón afuera del árbitro electoral: Félix Salgado Macedonio no será candidato al gobierno de Guerrero.

Morena contra PAN: Romo y Tabe pelean ‘mano a mano’ la Miguel Hidalgo

12 Abr 2021

392 veces

Su contrincante más cercano, Mauricio Tabe, exdiputado local y expresidente del PAN en la Ciudad de México, tiene el 37 por ciento del respaldo ciudadano.

Si no se reivindican, vamos a hallar a los siete, advierte Félix Salgado a consejeros del INE

12 Abr 2021

436 veces

Félix Salgado Macedonio subió de tono su discurso en contra del Instituto Nacional Electoral y de sus consejeros.

Caso Salgado Macedonio: TEPJF perfila solicitar al INE que se analice de nuevo sanción en su contra

08 Abr 2021

416 veces

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) que se analice de nuevo el caso de Félix Salgado Macedonio, legislador con licencia a quien le fue retirada la candidatura al gobierno de Guerrero por el partido Morena.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.