Hoy en las noticias

18 Abril, 2026

Síguenos en:

Hoy en las noticias

Gobernadores de la 4T celebran ‘éxito’ de la reunión de AMLO con Joe Biden

14 Jul 2022

332 veces

Los y las gobernadoras pertenecientes al movimiento de la Cuarta Transformación (4T) celebraron la reunión bilateral que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en Washington, el lunes

CFE responde a Moody’s

14 Jul 2022

320 veces

La calificadora Moody’s redujo la calificación crediticia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Baa1 a Baa2 con una perspectiva estable, lo que significa que no se prevén modificaciones a esta calificación por los próximos 12 meses

Empresarios de EU tienen ‘dudas’ de la política energética de AMLO, reconoce Romero Oropeza

13 Jul 2022

286 veces

Empresarios estadounidenses expresaron este miércoles “dudas” sobre la política energética de México durante un foro celebrado en Washington con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, explicó el director de la petrolera estatal mexicana Pemex, Octavio Romero Oropeza

Continúa Revolución Educativa en Guerrero con inauguración de más aulas

13 Jul 2022

333 veces

“La mejor inversión que podemos hacer como autoridades se encuentra en la educación, en garantizar el desarrollo de nuestras niñas y niños. Solo con educación podemos garantizar un futuro con más y mejores oportunidades”, expresó la mandataria estatal

Gira de ‘corcholatas’: Adán Augusto encabezará mitin en Guadalajara

13 Jul 2022

320 veces

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se presentará el próximo sábado 16 de julio en la Expo Guadalajara, para impartir la conferencia denominada “La importancia de Jalisco y su relación con el gobierno de México”

Empresas de EU invertirán 40 mil mdd en México, afirma Ebrard

13 Jul 2022

323 veces

Empresas estadounidenses destinarán inversiones a México durante lo que resta del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, informó el canciller Marcelo Ebrard

INM busca a migrantes escondidos en tráileres en Chiapas, mientras AMLO visita a Biden

12 Jul 2022

366 veces

Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron este martes un operativo en la comunidad Viva México, a unos 6 kilómetros de Tapachula, en la frontera con Guatemala, para buscar migrantes escondidos en camiones ante el rumor de tráileres que traficaban personas

México declara emergencia por sequía

12 Jul 2022

320 veces

México declaró el inicio de emergencia por ocurrencia de sequía tras determinar que en diversas cuencas del país la condición de este fenómeno natural se encuentra en modalidades severa, extrema y excepcional

Así despidió Japón a Shinzo Abe, ex primer ministro asesinado durante acto campaña

12 Jul 2022

333 veces

Los japoneses dieron este martes el último adiós a su ex primer ministro Shinzo Abe, mediante un funeral familiar celebrado en un templo local, días después de que su asesinato conmocionó a la nación

Visita de AMLO a EU: Estas son las 2 propuestas en materia migratoria que le hará a Biden

12 Jul 2022

335 veces

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue sorprendido por migrantes mexicanos con una serenata en el hotel del centro de Washington donde se hospeda previo a su reunión con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y con el presidente de ese país, Joe Biden

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.