Inédito es la palabra para describir el momento que vive la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, la cual está al punto de una parálisis legislativa debido a la alianza de facto que en la Cámara de Diputados hizo la bancada del PAN con el PRD, MC y hasta con Morena, para no permitir el relevo de la Presidencia de ese recinto legislativo.
Y aunque en este conflicto quienes se oponen a la instalación de la mesa Directiva de la Cámara de Diputados abogan por el carácter autónomo que debe tener el fiscal anticorrupción que aún no es nombrado, en su alegato violan la autonomía legislativa que debe tener la Cámara de Senadores, queriendo imponer con chantajes y todo tipo de presiones políticas lo que ese órgano legislativo debe hacer. Así de intolerantes y contradictorios son los legisladores del grupo que encabeza el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, a ellos no les interesa México lo que les interesa son prebendas para sus grupo.
Las bancadas de esos partidos acordaron no avalar la presidencia del diputado priista Jorge Carlos Ramírez Marín, hasta que el PRI en el Senado de la República acepte frenar el “pase automático” de Raúl Cervantes de procurador a fiscal.
Ante ese escenario inédito, donde la ley nada dice del paso legal a seguir en caso de que el conflicto continué posterior al 5 de septiembre, la Mesa Directiva seguirá presidida por la panista Guadalupe Murguía, y no por Jorge Carlos Ramírez Marín, quien ya había sido elegido para ocupar el cargo. Después de esa fecha lo único que queda es la negociación política.
Cabe precisar que para el nombramiento de la Mesa Directiva se requiere alcanzar una mayoría calificada de 334 votos, por lo que el PRI -ni con sus aliados legislativos- podría realizar dicho nombramiento, porque la alianza de facto (no negociada) suma 230 votos de diputados y los legisladores del PRI, PVEM, Nueva Alianza y PES suman 266.
Al respecto, el senador Pablo Escudero Morales (PVEM) advirtió que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para desbloquear la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Dijo que acudirá a la corte para interponer una controversia constitucional “para requerir la sesión de instalación por la mesa de decanos y así tomar las medidas cautelares correspondientes”. Señaló que la Cámara de Diputados y el Senado tienen facultades constitucionales que deben cumplir, por lo que las acciones emprendidas por algunos legisladores del PAN por impedir la instalación de la Mesa Directiva en San Lázaro, también afecta la situación jurídica de la Cámara alta, por el trabajo legislativo que deben cumplir ambas cámaras, como el caso del paquete económico.
Por otra parte, el coordinador de la bancada del Grupo parlamentario del PRI en la Cámara Baja, César Camacho, dijo que la postura de Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, es irresponsable, ya que de quedar inoperante el Congreso, no se iniciarían las discusiones pendientes en materia de ley de seguridad interior, ley de la desaparición forzada y el ante proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. “En el Senado no tenemos mayoría simple, ni siquiera con nuestro aliado el Verde; en la Cámara de Diputados sí la tenemos, que por cierto nunca en dos años hemos utilizado nuestra mayoría plural con partidos afines; pero si nos llevan a esos extremos seguramente verán decisiones en donde con ellos, sin ellos y a pesar de ellos, van a ocurrir”, recalcó Camacho.
“No hay marco legal para resolver esta crisis política e institucional sin precedentes”, advirtió el priista Jorge Carlos Ramírez Marín. Dijo que “sólo se puede destrabar con el diálogo o la votación”. Sin embargo, el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, fue enfático: “Nos vamos a la votación”, e insistió en que “el PRI se atiene a los números de integrantes que tiene”.
Camacho sostuvo que el nombramiento de una Mesa Directiva de decanos podría ser la solución para nombrar a una Mesa Directiva.
Así las cosas en el palacio de San Lázaro, por un lado se defiende el carácter autónomo que debe tener la naciente figura del fiscal anticorrupción y por otro lado esos mismos defensores de la autonomía quieren imponer lo que los órganos legislativos deben deliberar en libertad y someter a votación sus resoluciones.
Ante ese penoso momento que se vive en el Congreso de la Unión, es bueno que sobre Ricardo Anaya las encuestas dicen que no será candidato a la presidencia pues en un ejercicio recreativo de la memoria es de imaginar cómo le iría México con un presidentito soberbio, berrinchudo, intolerante y dictador.
