El nombramiento del auditor Superior de la Federación, completar el andamiaje legal del Sistema Nacional Anticorrupción (entre ellas las leyes de comunicación gubernamental y de adquisiciones públicas); nombrar al Fiscal General y al titular de la Auditoría Superior de la Federación; la ley reglamentaria para los gobiernos de coalición y legislar para crear el mando único, son algunos asuntos que en el legislativo están en la charola de los pendientes y al no vislumbrarse un acuerdo verdaderamente superior a los intereses de los partidos políticos, todo indica que las prioridades continuarán su proceso hasta la LIV Legislatura que iniciará en septiembre próximo.
Algunas de las iniciativas llevan no meses sino años en el debate parlamentario y algunas de ellas cuentan con el interés y la observación ciudadana por los temas que abordan, como son los casos del combate a la corrupción y la impunidad, y el abatimiento de los índices de inseguridad, donde lamentablemente el avance de los acuerdos se han visto contaminados por el proceso electoral en ciernes.
Hay casos en donde los procedimientos han alcanzado acuerdos en el pleno de las comisiones dictaminadoras y luego su tránsito se ha interrumpido a la hora de llegar al pleno por las diferencias políticas electorales entre las fuerzas partidistas, ese fue el caso de la terna propuesta para la ASF que había sido producto de un “máximo consenso” y luego se desechó el procedimiento dando como resultado que desde el primero de enero esté acéfalo el referido cargo, donde de manera interina hay un encargado del despacho.
A las propuestas ya existentes, como es el caso de los combates a la corrupción y la impunidad, en los últimos días uno de los presidenciables, el aspirante de origen ciudadano, José Antonio Meade, anunció que al inicio del último periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, a través de uno de los partidos que lo apoyan en sus aspiraciones, el PRI, enviaría una propuesta de tres leyes para coadyuvar en la erradicación de esos fenómenos que laceran a la sociedad.
La propuesta conocida como la Ley Meade, consta de tres iniciativas: reformas a los artículos 22 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Obvio, se trata de una propuesta y puede ser enriquecida en el análisis y los debates parlamentarios, y no obstante que el asunto es uno de los pendientes legislativos, ya le salieron los peros, aun antes de que ingrese a la revisión de diputados o senadores, y esos peros están relacionados con que proviene de un candidato, de un partido político, y además dicen que ya hay propuestas al respecto en espera de su dictamen.
Y así con esa visión política partidista, es una pena que nuestros legisladores no tengan altura de miras para atender los temas que a la sociedad en general interesan, que su visión únicamente alcance a ver los colores de las franquicias que representan y que eso les impida ver el crisol de propuestas, y lo peor, que esa cerrazón impida los acuerdos.
En los días previos al inicio el último periodo ordinario de la LXIII Legislatura, todas las fracciones parlamentarias han anunciado la construcción de sus agendas legislativas y en reuniones plenarias definirán sus prioridades, pero no hay que ser adivino para proyectar los temas que estarán en esa lista, son los mismos que siguen en la charola de los pendientes desde hace mucho tiempo y si nos apuran diremos que allí quedarán por un buen rato más, porque hoy la prioridad para ellos son los procesos electorales, no hay más.
