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18 Abril, 2026

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AMLO pide a jueces que actúen con 'rectitud e integridad' en proceso contra 'El Marro'

04 Ago 2020

273 veces

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este martes a las autoridades judiciales a cargo del proceso contra José Antonio Yépez, alias 'El Marro', arrestado el domingo en Guanajuato.

Clases iniciarán de forma remota el 24 de agosto; actividades regresan en televisión abierta: SEP

03 Ago 2020

272 veces

El inicio del ciclo escolar 2020-2021 será el próximo 24 de agosto y se realizará a distancia, confirmó este lunes el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma.

Detienen a José Yépez 'El Marro'

02 Ago 2020

316 veces

"El Marro' fue capturado en un operativo en el que participaron fuerzas federales y estatales, dijo el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue.

México tiene espacio para más recortes a la tasa de interés, afirma el subgobernador Esquivel

31 Jul 2020

263 veces

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, dijo que podría haber en la tubería más de un recorte de tasas de interés para México este año, ya que los responsables políticos tienen espacio para seguir flexibilizando la política monetaria.

Suspensión de labores para trabajadores al servicio del Estado se extiende hasta octubre: López Obrador

30 Jul 2020

304 veces

López Obrador comentó que hay áreas en las que sí se debe estar de manera presencial como la atención a la gente, seguridad pública, el sector salud y la Presidencia de la República.

Es inadmisible que mujeres enfrenten proceso penal por interrumpir un embarazo: Sánchez Cordero

29 Jul 2020

343 veces

La titular de Segob fue cuestionada sobre la despenalización del aborto en México, a raíz de un proyecto de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en cuanto al aborto legal en Veracruz.

Jóvenes Construyendo el Futuro carece de estructura y resultados, admite estudio de Morena

28 Jul 2020

288 veces

Un estudio de legisladores federales de Morena y el PES de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados advierte que, además de que el programa “carece de una estructura operativa”, aseguran que “no se garantiza la transición de los jóvenes al ámbito laboral”.

Resuelto el INE, no habrá a quién echar culpas, dice la oposición

27 Jul 2020

288 veces

PAN, PRI y PRD demandaron también al presidente Andrés Manuel López Obrador que no intervenga en las elecciones federales intermedias, que no polarice ni confronte el ambiente, debido a que consideraron que es “necesaria la estabilidad política” para superar las crisis económica y sanitaria en el país, derivada del coronavirus.

Fallece secretario de Salud de Chihuahua por COVID-19

26 Jul 2020

281 veces

Grajeda, quien fue además rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, llegó al cargo el 30 de agosto de 2018, en sustitución del médico militar Ernesto Ávila, quien había presentado su renuncia.

CONAGO se reúne con Gobierno Federal para analizar ventajas del T-MEC

24 Jul 2020

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Carreras López, indicó que el objetivo de la reunión fue analizar los alcances del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las oportunidades que abre para el desarrollo de las entidades federativas.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.