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21 Abril, 2026

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Gobierno publica en el DOF ley que da control del espacio aéreo al ejército

01 Mar 2023

590 veces

Además, el decreto establece las medidas para identificar aeronaves que vuelan en el espacio aéreo sin contar con las aprobaciones necesarias y que estarían vinculadas a actividades ilícitas, como el tráfico de drogas

AMLO tendrá videoconferencia con Musk este lunes

27 Feb 2023

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El mandatario mexicano finalizó la conferencia de prensa matutina minutos después de las 09:00 horas para llegar a tiempo a la cita con el empresario sudafricano

AMLO dice no a planta de Tesla en Nuevo León: ‘Si no hay agua, no hay permisos’

24 Feb 2023

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El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este viernes que Nuevo León no tiene agua suficiente, por lo que el gobierno no podría entregar permisos a empresas como Tesla para hacer una planta en ese lugar

Senado aprueba plan B; ahora todo queda en manos de la Corte

23 Feb 2023

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Con 72 votos a favor y 50 en contra, los legisladores aprobaron desechar la modificación realizada por la Cámara baja al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la que se eliminó dicha cláusula

Corte ordena que el plan B no aplique en Edomex y Coahuila

22 Feb 2023

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Asimismo, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a finales de diciembre señala que el gasto público en propaganda gubernamental se deberá apegar a la austeridad que ha manejado la 4T

AMLO denunciará a César de Castro, abogado de García Luna, por daño moral: ‘Está decidido’

21 Feb 2023

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“Está decidido, solo estoy haciendo investigación sobre cómo es el procedimiento, pero claro que sí. Fíjense, si no me va a extrañar el juicio si a final de cuentas fui el único señalado”

Rehabilitación de la terminal 2 del AICM terminará en junio de 2023

20 Feb 2023

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Aunque aún no descarta las ubicaciones propuestas hace unos días, sugirió que la planta podría establecerse en el sur, donde se concentra el 70 por ciento del agua del país

Ministra se ampara contra Comité de Ética de la UNAM

16 Feb 2023

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Sandra de Jesús Zúñiga, jueza Quinta de Distrito en Materia Administrativa, concedió una suspensión a la ministra a través del amparo 202/2023, según una consulta a los archivos judiciales

Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano

09 Feb 2023

553 veces

Con la aprobación de esta ley también llegaría un Consejo de Vigilancia del Espacio Aéreo, principalmente integrado por el Ejército, la Marina, Relaciones Exteriores y Comunicaciones y Transportes y teniendo como presidente al mandatario nacional en turno

Va MC contra el arraigo y la prisión automática

02 Feb 2023

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El grupo parlamentario de MC presentó una iniciativa que reforma los artículos 16, 18 y 19 de la Constitución para eliminar la prisión preventiva oficiosa y el arraigo

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.