Que tiempos aquellos en los que México crecía en promedio al 2% anual del PIB y no porque fuera muy positivo, sino porque ahora con la 4T no se llega ni al 1% (con AMLO 0.9% y con Sheinbaum 0.7) y como están las cosas, el promedio de crecimiento económico del PIB en el sexenio de la presidenta no rebasará el uno por ciento y ello de suyo, es grave si consideramos que los márgenes de pobreza y marginación son superiores al 60 por ciento de la población.

Las mentiras de AMLO en torno al crecimiento del PIB en su administración NO se pudieron sostener ante la cruda realidad, por lo que decidió que la medición del PIB no era suficiente y por eso propuso un índice alternativo para medir el bienestar, el crecimiento, la desigualdad social y la felicidad del pueblo, aunque con esto no pudo contener la crisis económica, al contrario la profundizó con sus medidas populistas de izquierda.  

El estancamiento económico por el que transita nuestro país en la actualidad se debe a diversos efectos externos e internos que confluyen para inhibir el crecimiento y la generación de empleos formales e índices aceptables en la política social.

La política arancelaría impuesta por el presidente Donald Trump y el riesgo que corre la renegociación del T-MEC son parte de esos elementos exógenos que comprometen el crecimiento nacional y si a ello le agregamos que el gobierno estadounidense no quitará el dedo del renglón en el combate a los narcoterroristas mexicanos y que, mientras el gobierno de la 4T no demuestre con hechos que va en serio en combatir a los cárteles de la droga y a sus cómplices incrustados en los tres niveles de gobierno, pues seguirán las represalias comerciales y de otro tipo contra México.

En el escenario nacional, el oficialismo se dio un balazo en el pie con la elección de jueces y ahora con la aprobación de la nueva Ley de amparo que han vulnerado el estado de derecho y comprometido la inversión por la desconfianza que prevalece ante la incertidumbre jurídica en donde la leyes protegen al Estado por encima de los ciudadanos y de las empresas.

No existen garantías constitucionales para que los inversionistas defiendan su patrimonio ante intentos de expropiación o de cobros desmesurados e injustos de impuestos.

No existe país en el mundo detonantes de crecimiento económico que no consideren de forma relevante a la inversión pública y privada, en este sentido, el actual gobierno no tiene posibilidades de revertir la ausencia de inversiones nacionales e internacionales con el actual diseño del poder judicial y la ley de amparo; y en general con inhibir la participación del capital privado en sectores estratégicos de la economía.

Cuando los grandes capitales observan que los órganos jurisdiccionales no son autónomos ni independientes del Poder Ejecutivo como sucede, incluso con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prefieren voltear hacia otras latitudes en donde el estado de derecho sea robusto y se respete como la piedra angular de todo el sistema político y social.

En una entrevista al Sol de México, José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, aseguró precisamente que se extraña esos niveles de crecimiento del PIB de por lo menos 2 por ciento anual y que en buena medida, ahora no se alcanzan porque la inversión privada y pública ha dejado de fluir como a principios de este siglo.

Una cosa son las mentiras de la mañanera en torno a que la economía va muy bien,  y otra, muy diferente, la cruda realidad que subraya el hecho del estancamiento económico por el que transita México y que, como van las cosas, estamos caminando en la línea tenue entre estancamiento y recesión económica.

Ahora con la aprobación de la Ley de Ingresos por parte de la Cámara de Diputados para el próximo año, se fortalece el déficit fiscal con la contratación de deuda de 1.5 billones de pesos que coloca a la gestión de Sheinbaum como la que más ha endeuda al país luego de que el record en este rubro lo tuviera AMLO.

Mientras la presidenta no corte el cordón umbilical que la ata con su mentor y de un golpe de timón con una nueva estrategia económica en donde considere a la iniciativa privada como aliado relevante y establezca nuevas condiciones jurisdiccionales para la seguridad jurídica de sus inversiones, pues no existe poder humano que pueda sacar al país del decrecimiento económico.