• Se busca agilizar la apertura -con un aviso, en lugar de un permiso- de establecimientos mercantiles de impacto vecinal

En reunión de trabajo, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Administración Pública Local del Congreso capitalino y el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (ADIP), José Antonio Peña Merino, revisaron el contenido de la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles, propuesta por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

El presidente de la comisión, diputado Gerardo Villanueva Albarrán (MORENA), explicó que este encuentro se efectuó por petición de varias personas legisladoras, con el fin de enriquecer el dictamen y analizar el cuerpo de la iniciativa y sus bondades.

El legislador expresó su preocupación en relación con los avisos de funcionamiento, porque se abre una ventana de tiempo en que se deja vulnerable a la alcaldía en caso de ocurrir un siniestro que pueda generar víctimas durante el periodo de revisión y cuando el establecimiento ya está en funcionamiento.

Por su parte, la diputada Elizabeth Mateos Hernández (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas) recordó que la autoridad no tiene el derecho de verificar por verificar, únicamente cuando exista queja vecinal. Dijo que se debe evitar la corrupción en las alcaldías cuando hay apertura de establecimientos mercantiles, independientemente del impacto que tenga.

La legisladora preguntó sobre los enseres y la capacidad de aforo, a fin de tener un manejo claro para que no se preste a abusos de los establecimientos mercantiles y en relación al programa interno de protección civil.

En tanto, la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (MORENA) dijo que los adelantos tecnológicos permiten ayudar a terminar con la corrupción, en temas de establecimientos mercantiles donde se maneja dinero de manera hormiga, y el hecho de que se tenga un aviso de apertura y no se presten a corrupción la colocación de sellos, es un hecho histórico para combatir la corrupción de manera digital.

El titular de la ADIP, Peña Merino, señaló que esta reunión se realizó para explicar y aclarar la propuesta, y como un ejercicio valioso para abordar diversos puntos de la iniciativa, en particular aquellos que pudieran generar controversia o dudas.

Asimismo, aclaró que estas modificaciones sustantivas son el esfuerzo de la simplificación administrativa más importante del país. Añadió que la recepción de documentos es uno de los puntos de mayor queja de corrupción por la negativa al sello en algunas alcaldías, y que con esta modificación la recepción de documentos se hace de manera automática.

En relación con el aforo, dijo que algunas restricciones son resultado de un proceso de diálogo con organizaciones vecinales en zonas de mayor concentración de restaurantes, donde se definieron las limitantes tanto en vías primarias o por el ancho de las banquetas. Aunque se mantiene las bondades del Programa de Ciudad al Aire Libre, para que el sector restaurantero no sufriera más impactos que tuvo a partir de la pandemia.

En su intervención, el director general del Gobierno Digital, Eduardo Clark García Dobarganes explicó el contexto de la modificación de esta ley, y aseguró que tras la pandemia los sectores económicos apenas se están recuperando, por lo que el objetivo es contribuir a la economía de todas las familias de la capital.

Explicó que se trata de salvaguardar las garantías que tienen estos establecimientos, de cumplir la ley, que es un área de oportunidad, a través de la simplificación de los procesos de aperturas, destinado a los establecimientos mercantiles de impacto vecinal.

Aclaró que aquellos establecimientos, como restaurantes -que tienen la venta predominante de comida, pero venden bebidas alcohólicas-, las fondas que no venden éstas, y los establecimientos de bajo impacto, ya tienen simplificado este proceso, porque mediante una plataforma digital llenan sus requisitos y reciben un aviso formal de apertura.

En este sentido, indicó que se podrá facilitar la apertura con un aviso, en lugar de un permiso, a los establecimientos mercantiles de impacto vecinal. También podrán corroborar los requisitos sin documentos físicos, y revisar su validez a través de los sistemas administrativos de base de datos del gobierno de la ciudad.

Dijo que lo más importante es asegurar que se cumple con la normatividad y también garantizar las atribuciones de las alcaldías para ejercer sus responsabilidades, en el sentido de verificar a tiempo los documentos, revisarlos y evaluarlos.

Hizo énfasis en que el único documento como requisito para abrir establecimiento de impacto vecinal es el tipo de uso de suelo, todo lo demás se puede solventar en una verificación administrativa.

Otra modificación es la desvinculación de tener un programa interno de protección civil, al menos del tipo de giro, porque éste se basa de acuerdo al impacto de protección civil y no del impacto zonal o vecinal. Se busca simplificar la presentación del programa interno de protección civil, y se regulan los aranceles.

Por su parte, la directora general de Asuntos Jurídicos y Normatividad, Norma Solano Rodríguez indicó que la iniciativa no plantea ninguna invasión de atribuciones porque las alcaldías conservan su atribución de verificación de otorgamiento de permisos de recepción de los avisos, lo único que se establece es la coordinación con el gobierno central, en un proceso que se realiza de forma digital.

Con información de: Comunicación Social del Congreso de la Ciudad de México