Ante la Comisión Especial para Combatir el Uso de Recursos Públicos en Procesos Electorales, de la Cámara de Diputados, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Catillo, afirmó que a pesar de los retos que enfrenta este organismo, “el proceso electoral 2017 no está en riesgo”.

Dijo que del 1 al 6 de junio habrá un despliegue de agentes del Ministerio Público especializados, peritos y policías en las instalaciones de los institutos electorales, delegaciones y subdelegaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), en las cuatro entidades donde habrá elecciones este año, para que se trasladen a los lugares donde se presenten denuncias.

El objetivo, comentó, es “acercar el modelo de procuración de justicia penal electoral y rendir a esta Comisión Especial un informe de las investigaciones y consignaciones”.

Uno de los principales desafíos del actual proceso electoral, dijo, es el traslado de grandes cantidades de personas de un municipio a otro para que voten indebidamente, denominado “turismo electoral”, así como la violencia política de género, la posibilidad de actos agresivos y falta de policías para atender denuncias sobre compra de votos, condicionamiento de programas y eventos masivos para entregarlos.

Durante el segundo y último día de trabajos del Foro “Marco Normativo para el blindaje en el uso de recursos públicos en los procesos electorales locales 2016-2017, en los estados de Coahuila, Nayarit, Veracruz y Estado de México”, sostuvo que en tiempos electorales no puede haber eventos masivos de entrega de apoyos, pero tampoco se puede suspender el reparto “en un país que tiene 60 millones de pobres. Es impensable”, enfatizó, y se pronunció por combatir esas prácticas “que tanto daño hacen al modelo democrático del país”.

·         Fepade advierte sobre feminización de la criminalidad electoral

Nieto Castillo alertó sobre la feminización de la criminalidad electoral, pues se obliga a las beneficiarias a condicionar los apoyos sociales y a votar por determinado partido, y los servidores públicos no adquieren responsabilidad penal.

Refirió que se desarrolló un programa de blindaje electoral con Sedesol desde 2016 y se trabaja en otro con bases generales para toda la administración pública federal y órganos autónomos, en modelos de capacitación y atención de denuncias, a través de Fepadetel, Fepadenet y Fepade-móvil.

“Si no se combaten las conductas delictivas y no se ejercen acciones penales, no se inhibirán estas prácticas”, puntualizó.

Informó que, derivado del proceso electoral 2016-2017, hay más de dos mil 500 carpetas de investigación, de las cuales mil 400 están relacionadas a esos delitos. Dijo que en este año se prevé la participación del 23 por ciento del padrón electoral.

·         Ciudadanos y partidos políticos pueden participar en blindaje electoral

En el marco de los trabajos del Foro “Marco Normativo para el blindaje en el uso de recursos públicos en los procesos electorales locales 2016-2017, en los estados de Coahuila, Nayarit, Veracruz y Estado de México”, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Héctor Romero Bolaños, afirmó que ciudadanos y partidos políticos que participan en una elección, pueden tomar medidas para blindar los procesos, documentar irregularidades, y presentarlas ante los tribunales electorales, alegando violaciones a principios constitucionales, y traer como consecuencia la nulidad.

La presentación de denuncias penales y de quejas administrativas es muy útil para revisar y tomar medidas para que cesen las conductas irregulares que pueden viciar las condiciones de la elección, alterar y violar principios rectores que pueden ser motivo de nulidad, señaló.

Dijo que hay nuevos delitos electorales, como la alteración de documentos, “cuando se advierte la posibilidad de que se van a abrir las urnas para realizar un nuevo escrutinio y cómputo”. Éstos que pueden ser acreditados por los ciudadanos y partidos políticos que participen, o los contendientes, y presentar los recursos legales.

“Una vez documentados acudir, en el último de los casos, a medios de impugnación, para que una autoridad jurisdiccional revise y anule la elección”.