El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene ante sí una gran oportunidad para demostrar que en verdad está comprometido a atacar y acabar con la corrupción. La oportunidad se la puso en charola de plata el periodista Carlos Loret de Mola, al publicar un reportaje de la también periodista Arelí Quintero, en el que se documenta que el actual director general de la CFE, Manuel Bartlett, posee una serie de propiedades no asentadas en su declaración patrimonial, y que en conjunto tienen un valor de más de 800 millones de pesos.

Manuel Bartlett, es bien sabido, se ha desempeñado como servidor público la mayor parte de su vida laboral. Por ello, ya de por sí resultaba sospechoso que en su declaración patrimonial manifestara poseer una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones. El reportaje de Arelí Quintero destapa que, en realidad, la fortuna de Bartlett es 16 veces mayor sólo en propiedades.

Una vez publicado el reportaje, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, a quien algunos de sus amigos le han puesto el mote de “implacable”, en declaraciones a la prensa dejó ver que el gobierno federal no piensa, ni por asomo, hacer siquiera una investigación del caso. Aseguró que era necesario contar con una denuncia para proceder a hacer la investigación correspondiente, pero lo más escandaloso fue su declaración de que Bartlett habría adquirido los inmuebles cuando no era servidor público.

Sus declaraciones espantaron, tanto por el brutal desconocimiento de la ley como por el tremendo cinismo para dejar ver que el gobierno federal no investigaría a Bartlett. Sandoval fue implacable, sí, pero para defender al director general de la CFE.

En esta semana la Secretaría de la Función Pública informó que iniciaría una investigación sobre las declaraciones patrimonial y de intereses de Bartlett, luego de recibir una denuncia ciudadana anónima recibida a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas. Además, la senadora panista Xóchitl Gálvez también denunció ante la SFP y la Fiscalía Anticorrupción, a efecto de que quede constancia de la existencia de denuncias, como lo señaló de manera inicial la “implacable” secretaria de la Función Pública.

Pero este procedimiento, el de interponer denuncias, no era necesario para iniciar una investigación. De hecho, la propia e “implacable” secretaria presumía -a inicios de este mes- en entrevistas a medios de comunicación que la SFP había interpuesto 33 denuncias en los casos de la llamada “Estafa Maestra” y de la llamada “Casa Blanca” de la exesposa del expresidente Enrique Peña Nieto, ambos derivados también de investigaciones periodísticas. Es decir, la SFP sí tiene facultades para interponer denuncias e iniciar investigaciones, sin necesidad de que terceros lo hagan. Ahora que una nueva investigación periodística tocó a un miembro del gabinete lopezobradorista, la “implacable” Sandoval argumenta que sólo son dichos, y no hechos.

Xóchitl Gálvez también expuso que la ley señala que no es necesario que exista denuncia para que la SFP inicie una investigación. De hecho, acompañó su denuncia con una argumentación jurídica de porqué, de acuerdo con la ley, la secretaria podía haber iniciado por oficio una investigación.

La implacable defensa a Bartlett tomó rumbo en otra declaración de la secretaria Sandoval: tenemos que “tener mucha responsabilidad, porque como lo ha dicho el presidente de la República, tenemos muy, muy claro que hay un embate contra su gobierno, contra funcionarios que están dándole resultados”. El propio presidente ya había remarcado públicamente con anterioridad su “confianza en el licenciado Bartlett”.

Los diferentes sueldos que Bartlett ha devengado como servidor público, aún si los hubiera ahorrado íntegros durante toda su vida laboral, no serían suficientes para amasar una fortuna como la que dejó al descubierto el reportaje de Arelí Quintero. Bartlett tendría qué explicar cómo le hizo, porque evidentemente no construyó su fortuna con el dinero que ganó como servidor público.

El presidente tiene la gran oportunidad de comprobar su compromiso con el combate a la corrupción. En ello debe ayudarle la secretaria de Función Pública.

Pero, por lo que se ve, lo más probable es que el lopezobradorismo deje pasar esta oportunidad y finja una investigación que concluirá exculpando a Bartlett, quien de esa forma se fortalecerá políticamente. Además, de esa forma también se buscaría desacreditar y desprestigiar a Loret de Mola, con quien hay una confrontación directa.

No es una buena idea dejar pasar esta oportunidad. No es una buena idea sólo fingir que se investiga a Bartlett. Ello terminaría evidenciando que en este gobierno la lucha contra la corrupción sólo es de dichos, y no de hechos.

A la secretaria Sandoval le urge un curso intensivo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y otro sobre las funciones y tareas de la Secretaría de la Función Pública. Su labor no es defender a los servidores públicos contra un supuesto “embate”. Su labor, secretaria, es investigar los posibles casos de corrupción.

Y finalmente, una pregunta: ¿a qué se refiere cuándo dice que Bartlett está dando resultados?