En diversas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado ver su personal encono contra quienes evaden al fisco, de una manera o de otra. A pesar de que de él mismo se desconocen declaraciones de impuestos y su relación con el SAT antes de ser titular del Ejecutivo, López Obrador pone en la misma canasta a los defraudadores fiscales que a los miembros de la delincuencia organizada.
Y es que en esta semana el Pleno del Senado aprobó un dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código de Procedimiento Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal para tipificar como delito grave “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas, o actos jurídicos simulados”.
El dictamen aumenta las penas e impone sanción de cinco a ocho años de prisión “al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes”. Prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.
Es decir, de ahora en adelante cualquier persona o empresa que emita o utilice una factura falsa podrá ser acusada de delitos “contra la seguridad nacional” y podrá ser considerada como parte de la “delincuencia organizada”.
Los ciudadanos que por sus actividades cotidianas o frecuentes reciben facturas de diversos proveedores de servicios se encuentran, con esta nueva disposición legal, en riesgo de ser considerados miembros de la delincuencia organizada, pues recibir una factura falsa, aún sin saberlo, podría caer en el supuesto de adquirir “comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas, o actos jurídicos simulados”.
Quizás por ello es que la oposición en el Senado, conformada por el PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, anunció que buscará consensos con los diferentes grupos parlamentarios de oposición para impulsar una acción de inconstitucionalidad en la SCJN contra la reforma aprobada, que también establece que se considere el uso de facturas falsas como delincuencia organizada.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, también se pronunció sobre el tema, y manifestó su preocupación sobre la protección de los contribuyentes con esta reforma.
La reforma aprobada en el Senado deja ver la desesperación del gobierno lopezobradorista ante las dificultades para castigar a los evasores de impuestos. Pero el remedio propuesto no hace sino complicar la situación y poner en riesgo a mucha gente que, como dijimos, queda expuesta a interpretaciones legales en las que su actividad cotidiana los puede llevar a la cárcel acusados de delitos equiparables a la delincuencia organizada. Con la nueva ley, la simple acusación será suficiente para para que muchos inocentes puedan terminar encarcelados por esta tergiversación de un delito, pues se les aplicará prisión preventiva oficiosa.
En la realidad, los sistemas de control del SAT sobre los contribuyentes han mejorado mucho en los últimos años. Sin embargo, en el SAT parecen no querer ver que buena parte de las operaciones que escapan a su control se realizan en la economía informal, pues el 57% de quienes tienen una actividad económica en México lo hacen en la economía informal, donde circula mucho efectivo.
Es ahí donde deben enfocar sus baterías para combatir la evasión fiscal, y de paso incrementar la recaudación.
