Así como ya existe oficialmente el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indepuro), deberían también los legisladores federales avocarse para crear otro organismo para acumular el daño patrimonial que se ha hecho a la nación por caprichos del señor presidente de la república, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco o la reconversión del aeropuerto de Santa Lucia.

De risa loca resulta la creación del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ya que responde más a un antojo propagandístico del titular del Ejecutivo que en realidad dotar al país con un ente que canalice esos bienes conforme a reglas claras de operación

Cambiar el  nombre del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes por el del Instituto para devolverle al Pueblo lo Robado tiene, indudablemente, un reflejo populista y responde más a una mente calenturienta que soslaya la importancia de las mismas instituciones.

Más allá del nombre, se debería legislar en torno al destino de los recursos que capte ese instituto para evitar que se destinen caprichosamente, como se ha hecho con bienes y dinero que ha decomisado el Estado.  

Desde que asumió el gobierno Andrés Manuel López Obrador, se han realizado cinco subastas de bienes asegurados al crimen organizado o que pertenecían al Gobierno Federal, en las que se anunció una recaudación de alrededor de mil doscientos millones de pesos, y el presidente decidió arbitrariamente el destino de estos recursos   a través de sus conferencias matutinas o en los mítines propagandísticos.

 El contenido del dictamen que crea el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado es inaceptable, más allá del plano chusco en lo que refiere al nombre.

Dice el diputado del PRD, José Guadalupe Aguilera que,  sin duda, lo que existe detrás de la creación de Indepuro es una propuesta alejada de las leyes aplicables, pero sobre todo de la vida institucional, pues se plantea que dicho Instituto se haga cargo de todos los bienes provenientes de los más distintos orígenes, ya sea la apropiación de bienes correspondientes a las actividades delincuenciales, así como otras. Además, lo que resulta altamente preocupante es el manejo discrecional que tendrán estos recursos, sin ningún mecanismo de rendición de cuentas y muy fácil de utilizarse para alcanzar objetivos político-electorales.

Esto es lo lamentable porque se abre la puerta a que se actúe de manera opaca en lo que se refiere a la existencia de órganos o dependencias que se responsabilicen plenamente de su operación.

Dice el diputado José Aguilera que, como ha ocurrido muchas veces en esta administración federal, se responde desde el Congreso  a  decisiones unilaterales adoptadas en un marco muy alejado de la transparencia para poner en manos de una sola persona, como podría ser el Presidente de la República, los destinos de estos recursos, que pueden ser sumamente considerables, de acuerdo a las condiciones existentes.

La  Cámara de diputados se auto flagela  a  desempeñar un papel de mera observadora en lo que respecta a las tareas de revisión y vigilancia que le correspondería desempeñar, dando paso a un ejercicio en que se le otorga una tarea de oficialía de partes, donde se aceptan de manera automática decisiones adoptadas de antemano por el Poder Ejecutivo e impulsadas por una gran mayoría que sólo actúa para quedar bien con el presidente de la República.

 El bodrio que significa Indepuro es el prototipo del servilismo y opacidad que prevalece en el gobierno de la 4T