El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha mandado una señal contraria a lo que predica públicamente: el combate a la corrupción sólo aplica para quienes no formen parte del gobierno federal. Para quienes integran el gabinete, la manga es ancha y la impunidad es total.

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, aquella a la que algunos le aplicaron el mote de “implacable” y que se supone tiene como labor acabar con la corrupción, anunció públicamente, con bombo y platillo, la exoneración de Manuel Bartlett de haber omitido en su declaración patrimonial la existencia de 25 inmuebles y 12 empresas que están a nombre de su pareja sentimental y sus hijos, así como de conflicto de interés.

La secretaria anunció que esa fue la conclusión de una investigación realizada por la Función Pública. En realidad, nadie esperaba que la Función Pública fuera a fincarle alguna responsabilidad a Bartlett. El propio presidente López Obrador había adelantado en una conferencia de prensa su opinión sobre Bartlett, y con ello dio línea a Irma Eréndira Sandoval para la conclusión de su investigación.

Hoy queda claro que Bartlett es el primer funcionario de esta administración en recibir la exoneración en un caso de corrupción. Seguramente vendrán otros, pues en el gabinete federal ya saben que se puede incurrir en omisión de bienes en las declaraciones patrimoniales aduciendo que no están a su nombre, o que sus familiares tengan empresas contratistas del gobierno y no manifestarlas en su declaración de conflictos de intereses.

La “implacable” Irma Eréndira resultó blandita al investigar a Bartlett. La misma secretaria fue dura al imponer sanción a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, a quien inhabilitó 10 años por haber omitido declarar la existencia de una cuenta bancaria con la estratosférica suma de 2 mil 887.86 pesos que durante ocho años no registró ningún movimiento. En cambio, a la titular de la Función Pública no le causó extrañeza que Bartlett posea bienes inmuebles con valor superior a los 800 millones de pesos, y que reportara en su declaración de este año un patrimonio de 51 millones de pesos.

El comportamiento de la secretaria de la Función Pública ha sido, por decir lo menos, extraño. Luego de que el periodista Carlos Loret también diera a conocer hechos de corrupción en Petróleos Mexicanos, la dependencia le solicitó envíe copia certificada de la documentación con respecto a los hechos que refirió en su reportaje. Sobre el reportaje en el que dio a conocer la fortuna y los actos que presumen conflicto de interés y enriquecimiento inexplicable por parte de Bartlett, Loret no fue requerido. Sobre ese tema, la Función Pública decidió no indagar.

Ahora anuncian la exoneración de Bartlett, lo que deja mal parado a un gobierno que enarboló la bandera del combate a la corrupción. No hay tal combate. A los amigos se les exonera, y a los enemigos se les inhabilita.

“De las constancias recabadas no se desprende que Manuel Batlett haya tenido conflicto de interés y que haya actuado como servidor público bajo esa cuestión, ya que en la temporalidad de hechos denunciados el investigado no tiene injerencia en control de las empresas por las que fue cuestionado en las denuncias presentadas”, argumentó la “implacable”.

La Función Pública adelantó el regalo de Navidad para Bartlett. El político poblano ya no tendrá que preocuparse por ese tema. De hecho, nunca se preocupó.

Bartlett es, a partir de hoy, la viva imagen de la impunidad otorgada por el gobierno de López Obrador, e Irma Eréndira Sandoval es la viva imagen de la funcionaria que trabaja bajo consigna y que encabeza las acciones de protección para funcionarios de la 4T. Para eso gustaba.