Con la llegada del Covid-19 a nuestro país, se han dejado de lado asuntos que importan y lastimosamente se invisibilizan aún más. Lo que pasa en la frontera sur de México es uno de estos grandes temas. Hasta el momento, más de 480 migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador han sido abandonados por el INM en la frontera con Guatemala. La interseccionalidad del problema migratorio, es decir todos los agravantes económicos, sociales, políticos, culturales y sanitarios que conllevan las personas migrantes, hacen que sean más vulnerables. En este momento de crisis, la vulnerabilidad sanitaria se ha agudizado entre los migrantes convirtiéndolos en población de riesgo. Mientras en las grandes urbes se habla de aislamiento y distanciamiento social así como lavarse las manos con agua y con jabón durante 20 segundos, a los migrantes guatemaltecos, salvadoreños u hondureños, les es casi imposible acatar las recomendaciones. Los migrantes de la frontera con el vecino del norte no se encuentran mejor.
No es la primera vez que el Instituto Nacional de Migración desatiende la situación. Desde el cierre de la frontera con Guatemala el pasado 17 de marzo, los migrantes han quedado desamparados en el lado mexicano sin atención de ningún tipo y menos aún sanitaria ya que el gobierno guatemalteco ha rechazado la petición por parte del INM de recibir a sus repatriados. Todos aquellos migrantes se han quedado varados en Tapachula. La pandemia de covid-19 ha ayudado a sacar a flote rasgos xenófobos y racistas alrededor del mundo. Si bien la situación migratoria ya se abordaba muchas veces desde una perspectiva cargada de estos rasgos, con la posibilidad de que puedan ser una población de riesgo, se incrementa la discriminación y rechazo. Los lugares con alta concentración son focos rojos, por supuesto, pero al mismo tiempo, los migrantes se enfrentan a un índice de contagio del coronavirus dos veces mayor que al de la influenza y diez veces más letal.
En el caso de la frontera norte con Estados Unidos, más de 60,000 personas han quedado desamparadas. El anuncio por parte del gobierno norteamericano sobre la aceleración de la deportación y que regresará a migrantes de todas nacionalidades a nuestro territorio pueden representar una grave crisis de gobernanza al interior de nuestro país, aunado con el sector de salud en crisis y una economía contraída. La atención a los migrantes ha quedado como última prioridad en medio de la contingencia.
Así podemos mencionar los casos del otro lado del mundo, dentro de los campos de refugiados sirios en Turquía o Líbano, donde los gobiernos de los respectivos países no se harán responsables de atender a los más necesitados en estas zonas.
Los Derechos Humanos que han sido violados desde el momento en el que las personas deciden migrar, con la contingencia se incrementa el riesgo de sufrir estas violaciones. El coronavirus ha pegado fuertemente en puntos medulares de nuestro mundo y los más desprotegidos terminan siendo los más vulnerables y los menos considerados. Falta de un techo, de acceso al agua potable y a alimentos, por mencionar los básicos agravarán la situación de los migrantes y peor aún, no se tendrá en cuenta la magnitud del problema para con ellos gracias a su invisibilidad.
Los gobiernos se están enfrentando a retos titánicos para mantenerse a flote, aunque muchas veces intentan sacar ventaja política, lo que realmente dejan ver es su capacidad para hacer frente a la crisis de seguridad nacional. Así como es urgente atender a los capitalinos infectados o en situaciones críticas debido al covid-19, también lo es asegurar el acceso a la salud para quienes más lo necesitan, cuidar las formas siguiendo los lineamientos de los DDHH y reducir detenciones para evitar conglomeraciones y no empeorar las condiciones a las que ya se enfrentan miles y miles de migrantes en el mundo.
