El problema y principal disyuntiva que tiene el presidente es que el dinero público no alcanza para atender la contingencia en todos sus frentes y seguir con las tres obras insignia de su sexenio, además de fondear sus programas electorales disfrazados de política social.

En esa lógica, todos los planes que presente López Obrador para enfrentar a la pandemia y el desplome de los precios del petróleo tendrán muy serias limitaciones y no estarán a la altura del tamaño de la crisis.

Con el pretexto de no presentar planes de rescate similares a los gobiernos neoliberales, se constriñe a hacer recortes al gasto público tal como lo enumeran los primeros cuatro puntos del plan en cuestión. Reducción de salarios, eliminación de 10 subsecretarias y recorte en gasto corriente.

El punto 5 del plan no tiene desperdicio:

“Se posponen las acciones y el gasto del gobierno con excepción de los siguientes programas prioritarios: Pensión para el Bienestar de adultos mayores, pensión para personas con discapacidad, sembrando vida, programa de apoyo de niñas, niños e hijos de madres trabajadoras, becas para el Bienestar Benito Juárez, construcción de 100 universidades públicas, la escuela es nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, Tandas para el Bienestar, Banco del Bienestar, Atención médica y medicamentos gratuitos, producción para el bienestar, precios de garantía, distribución de fertilizantes, apoyo a pescadores, Guardia Nacional, Aeropuerto de Santa Lucía, producción petrolera, rehabilitación de las 6 refinerías existentes, Refinería de Dos Bocas, generación de energía eléctrica con modernización de plantas e hidroeléctricas, mantenimiento y conservación de carreteras, caminos de mano de obra, caminos rurales, carreteras en proceso de construcción, sistema aeroportuario de la CDMX, terminación del Tren Interurbano México-Toluca, terminación de presas y canales, Parque ecológico Lago de Texcoco, programa de mejoramiento urbano, programa de reconstrucción, Tren Maya, Tren de Guadalajara, Internet para todos, desarrollo del Istmo de Tehuantepec, zona libre de la frontera norte, espacio cultural de Los Pinos y bosque de Chapultepec, defensa de los Derechos Humanos”.

El sexto del plan menciona el compromiso de que la SHCP dispondrá de recursos para cumplir cabalmente con la entrega de participación federales a los estados, el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública. No se podrá utilizar sin autorización de la SHCP recursos de fondos creados por acuerdo o decreto del Ejecutivo.

El noveno señala que “la eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y los proyectos prioritarios en 622 mil 556 mdp, al mismo tiempo se otorgarán tres millones de créditos dirigidos a la población más necesitada  y a la clase media. Lo mismo, se crearán dos millones de nuevos empleos, todo lo cual hará posible proteger al 70% de las familias mexicanas equivalente a 25 millones de hogares, sobre todo a los pobres y a los integrantes de las clases medias. Todo ello sin aumentar el precio de los combustibles ni impuestos o crear nuevos ni sin endeudar al país”

Veremos esos tres millones de créditos a quienes se entregarán  y los dos millones de nuevos empleos como los va a generar el gobierno, cuando este solo es un facilitador. Lo que ocurrirá es que se contabilizarán como empleos formales aquellos apoyos de recursos públicos que se entregarán en los programas sociales-electorales.

Sobre la protección del empleo formal, nada; sobre el apoyo a mipymes, cero, sobre los respaldos del gobierno federal en cuanto a sus deberes fiscales y otras obligaciones, nada de respaldo, ni siquiera diferimiento de ellas.

Lo dicho, el gobierno federal no evitará que se sigan perdiendo cientos de miles de empleos y menos impedirá que desaparezcan empresas.

La vorágine hacia la peor crisis económica en la historia del país, ya está jalando a todos y su fuerza centrífuga alterará la gobernabilidad y la paz social.