Dos de los principales elementos de diagnóstico para determinar por qué México tiene tantos problemas de inseguridad pública son la pésima aplicación de la justicia en el país, y la impunidad. A pesar de los esfuerzos que se han realizado en la materia, todavía estamos muy lejos de contar con un sistema de aplicación de justicia que garantice lo que simple y llanamente necesita una sociedad democrática: que quien delinque sea castigado por ello, y que las víctimas tengan reparación del daño.

Sin embargo, cuando en un país la aplicación de la justicia se tuerce públicamente desde el poder, entonces no hay nada que hacer, y nos guste o no, ese país se convierte en una dictadura.

Algo así es lo que está ocurriendo en la trama Lozoya.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República decidieron, previo evidente pacto con el inculpado, que Emilio Lozoya no pisara la cárcel. A cambio, el exdirector de PEMEX daría su versión sobre los actos de corrupción registrados en la empresa durante el tiempo que la dirigió.

En la versión de Lozoya, el expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, y posteriormente Canciller, Luis Videgaray, ordenaron al entonces director de PEMEX entregar millones de pesos a distintos actores políticos. Ese era el primer objetivo del acuerdo entre Lozoya y el gobierno federal, la implicación de altos funcionarios de gobiernos anteriores que mostraran -aunque no demostraran- la podredumbre de corrupción que hubo y que el gobierno actual busca acabar.

El presidente ha decidido que los expresidentes no sean llevados a juicio, por ahora, y pretende ordenar la realización de una consulta pública para que sea el pueblo el que determine si se juzga o no a Peña Nieto y a otros expresidentes que resultasen implicados por los dichos de Lozoya. Las consultas públicas no están consideradas en el Código Penal, y dejar a la decisión “del pueblo” un asunto de ese tamaño no tiene nada que ver con la justicia, pero sí con la demagogia y la propaganda política.

En realidad, a López Obrador no le importa la justicia. Lo que sí le importa es exhibir a altos funcionarios de administraciones anteriores, y si ahí sale embarrado Felipe Calderón o gente cercana a él, qué mejor, pero no para juzgarlo, sino sólo para exhibirlo públicamente.

En este show mediático también se ha involucrado ya la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Su titular, Santiago Nieto, ha declarado que no se investigarán los movimientos de las cuentas de los expresidentes hasta que no se realice la consulta pública que ofreció López Obrador. Esto significa: Lozoya implica al expresidente Peña Nieto, que por ello mismo debería ser investigado; el presidente le echa el manto protector y dice que no serán juzgados a menos que el pueblo lo decida así en una consulta pública, y este dicho es respaldado por la UIF. Si en esa dichosa consulta el pueblo decidiera que los expresidentes no deben ser juzgados, entonces ¿dónde quedaría la justicia y para qué los señalamientos de Lozoya?

México es hoy el cuarto país más impune a nivel global. Con una calificación de 69.21 puntos, está a la cabeza de las naciones impunes en América, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2018, publicado por la Universidad de las Américas Puebla. Dicho estudio se publica anualmente desde 2015, y busca medir estadísticamente los grados de impunidad en distintos países, así como al interior de cada país. El reporte no sólo ubica a México en el top de la lista de impunidad global, sino que también ahonda en el estado de esta problemática en cada una de las entidades federativas. De acuerdo con la ONU, la impunidad es la falta de responsabilidad penal, civil o administrativa hacia los autores de violaciones, porque estos escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y en caso válido a condenas apropiadas y a la reparación del daño.

En México, 43% de las personas que se encuentran detenidas aún no reciben sentencia. Asimismo, hay poca correspondencia entre personas encarceladas por homicidios, con respecto a los casos denunciados. Sólo por poner un ejemplo en la política, de 21 exgobernadores acusados formalmente de actos de corrupción, sólo hay uno que tiene sentencia.

El presidente López Obrador ha enarbolado como una de las principales banderas de su gobierno el acabar con la corrupción. Un gobierno determinado a acabar con la corrupción tiene que empezar por la justicia, y ésta pasa también por la honestidad.

La honestidad no sólo tiene que ver con no robar. Es deshonesto aceptar un cargo cuando se sabe que no se cuenta con las habilidades, los conocimientos, las aptitudes y la experiencia para desarrollar eficazmente el encargo. Cuando alguien acepta un cargo para el que no está preparado, la curva de aprendizaje siempre la paga otro.

En la actual escasez de medicamentos para enfermedades graves en el país, por ejemplo, la curva de aprendizaje la están pagando los pacientes.

Tener altos índices de impunidad puede traducirse en problemas de desigualdad socioeconómica y jurídica ante la ley, problemas de estado de derecho, así como desarrollo económico insuficiente, y dificultades para la atracción de nuevas fuentes de inversión extranjera y turismo, eso sin contar mayores violaciones a los derechos humanos.

Por ello, lo grave es que la impunidad se fomente desde el poder, animada sólo por el hambre de venganza y revancha. El caso Lozoya no pinta para terminar bien. Contrario a lo que señala el presidente, no ayuda a “purificar” la vida pública si no termina aplicándose la justicia.