Dos tragedias del pasado en las que fallecieron decenas de personas fueron tomadas por Andrés Manuel López Obrador durante su campaña rumbo a la Presidencia de la República para lucrar políticamente y allegarse adeptos. Se trata de la explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila, y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

El 19 de febrero de 2006, la mina de carbón operada por Grupo México registró una explosión que hizo colapsar varios túneles. Como consecuencia, 65 trabajadores quedaron atrapados. La empresa concesionaria de la mina y autoridades de la Secretaría del Trabajo coordinaron desde ese momento los trabajos para rescatar a los mineros atrapados.

El 24 de febrero Grupo México confirmó por primera vez la imposibilidad de supervivencia debido a las altas concentraciones de gas metano. De hecho, la propia explosión provocada por ese gas dejaba pocas posibilidades de vida al interior de la mina.

En junio de 2006 se logró el rescate del primer cadáver de uno de los mineros muertos por la explosión: Felipe de Jesús Torres Reyna, y en enero de 2007 se rescató el cuerpo de un segundo minero, identificado como José Manuel Peña Saucedo.

Hasta ahora, han sido los dos únicos cuerpos rescatados de Pasta de Conchos. Un informe de la Oficina de Seguridad y Salud Minera de los Estados Unidos, entregado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México, señala que, debido a los altos niveles de gas metano en la mina, sería poco probable, si no imposible, rescatar a alguien con vida. Otros informes agregan que a esa imposibilidad se agrega la poca o casi nula posibilidad de que los cuerpos de los mineros que faltan por encontrar puedan ser recuperados. Nuevamente, las altas concentraciones de gas metano son la causa.

Desde su campaña en 2018, López Obrador ofreció a las familias de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos que, de llegar a la Presidencia, se recuperarían los cuerpos de sus familiares. Las familias de los mineros, en diversos testimonios, han manifestado su sentimiento de abandono por parte de las autoridades federales y Grupo México. Sienten que se pudo haber hecho más para rescatar los cuerpos de sus familiares. Por ello, el ofrecimiento de un candidato presidencial de retomar las acciones para recuperar “cuerpos” fue bien tomado por las familias de Nueva Rosita.

Sin embargo, el ofrecimiento iba en contra de cualquier posibilidad de éxito.

El gobierno y el presidente saben que no hay posibilidades de rescatar “cuerpos” en la mina, pero no están dispuestos a aceptar que el mandatario les mintió a los familiares de los mineros y lucró políticamente con ese tema. Hoy, el gobierno lopezobradorista ofrece 3.7 millones de pesos a cada familia de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos y la construcción de un memorial para el recuerdo permanente de lo ahí ocurrido.

El gobierno federal busca liquidar el tema de esa manera, porque sabe que no hay forma de cumplirles a las familias. El presidente siempre lo supo, pero prefirió usar el tema a su favor.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, anunció en un video grabado en noviembre de 2019, el inicio del rescate de los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos. “Se conformó un grupo de expertos nacionales y extranjeros, los mejores del mundo en minas de carbón. Estuvieron a cargo de estas tareas gente de Alemania, China, Estados Unidos, Australia, y mexicanos, que determinaron por unanimidad la viabilidad del rescate”, afirmó en el video.

El rescate de cuerpos no es posible. La realidad, una vez más, contradice a López Obrador. El gobierno federal ofrece destinar 240.5 millones de pesos como indemnización a las familias de los trabajadores, para mantenerlas calladas. La indemnización no le corresponde al gobierno, sino a la empresa concesionaria.

Grupo México, por cierto, a petición del presidente López Obrador, decidió entregar la concesión al gobierno federal para facilitar la búsqueda de los trabajadores mineros de Pasta de Conchos. El gobierno recupera la concesión, y a cambio paga la indemnización a las familias.

Los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa deben empezar a remojar sus barbas. Deben verse en este espejo, y empezar a hacerse a la idea de que fueron usados por un candidato, que hoy es presidente, y que no les va a cumplir lo que les prometió.