Andrés Manuel López Obrador siempre ha elegido a sus enemigos, esos a quienes no duda en enfrentar. Durante décadas, López Obrador fue ninguneado, maltratado, y a pesar de ello poco a poco fue escalando posiciones de poder en la política. Llegado el momento ya fue muy difícil, por no decir imposible, bajarlo de la contienda política y ahora es el presidente de la República.

Desde el máximo poder político, López Obrador sigue escogiendo a sus enemigos. Hoy, varios empresarios, políticos, medios de comunicación y periodistas, y expresidentes de la República, han conocido sus embates y su víscera. A varios de ellos los ha acusado de ser corruptos, de haberse enriquecido de manera ilegal o inmoral, entre otras linduras.

Pero a pocos de ellos los ha amenazado directamente. El presidente López Obrador ha preferido utilizar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y a la Fiscalía General de la República, que no tiene nada de autónoma, como sus brazos armados que amenazan y ejecutan. A través de estas dos instancias se ha intimidado a varios, y algunos de esos varios han entendido el mensaje que desde Palacio Nacional les han enviado, y se han doblegado.

El miedo ha sido una de las armas políticas que López Obrador ha usado para fortalecer su poder.

En esta semana, el presidente se ha lucido. Dejó ver que su tolerancia es cada vez menor e hizo públicas dos amenazas: una al presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura, Arturo Zaldívar, y otra al exdirigente sindical de PEMEX, Carlos Romero Deschamps.

Al primero le envió una carta en la que “solicita” determinar si el juez Pablo Gómez Fierro tiene facultades para conceder la suspensión temporal de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, luego de que ésta entrara en vigor. Asimismo, en la carta solicita que, si procede, se inicie una investigación sobre el tema.

López Obrador asume que la suspensión de la reforma ordenada por el juez Gómez Fierro obedece a intereses de un grupo “conservador y reaccionario” que en anteriores administraciones tenía como modus operandi “la corrupción y el influyentismo”.

Más allá de las desviaciones ideológicas con las que pretende suplantar el Estado de Derecho, López Obrador muestra su cara autoritaria y amenaza: “ejerceré mis facultades como presidente, y libertades como ciudadano, y no callaré ante el pillaje y la injusticia”.

Habrá quienes opinen que ejercer sus facultades no es amenazar, pero cuando el presidente de un país exige que otro Poder asuma su misma visión de las cosas, entonces hay una amenaza.

El delirio de grandeza que padece el mandatario lo hace ver complots y teorías conspiratorias en las que participan muchos. Por eso asume que los intereses de ese grupo “conservador y reaccionario” cuentan con el apoyo de la “prensa proempresarial nacional y extranjera”, Juntas, todas estas fuerzas conspiratorias, han conformado un llamado buró jurídico “para oponerse a obras y acciones políticas que hemos emprendido para la transformación del país”.

El presidente López Obrador no tiene empacho en presumir lo que consigue bajo amenazas.

En conferencia de prensa, dio a conocer que el exdirigente sindical de PEMEX, Carlos Romero Deschamps, presentó su renuncia como trabajador activo de la paraestatal. “Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos”, declaró.

López Obrador hizo referencia a lo publicado en una revista, en donde se da a conocer que Romero Deschamps se encontraba actualmente de vacaciones, y que así seguiría hasta 2024, gozando de un supuesto derecho que tenía para tomar ahora las vacaciones que aseguraba no haber tomado durante su larga trayectoria como líder sindical.

El presidente le envió una amenaza, disfrazada de exhorto, para que Romero Deschamps presentara su renuncia.

La mala fama pública de la que goza Romero Deschamps hizo pasar desapercibida la amenaza, pues muchos festejaron que, por fin, dejara de ocupar un cargo que le permitió enriquecerse de manera escandalosa.

Si el gobierno tiene elementos para juzgar a Romero Deschamps debe presentarlos. No hacerlo significa complicidad, y seguramente el trato político que se le está dando al exlíder sindical responde a una estrategia para otro momento.

El presidente que amenaza no es democrático. El presidente que se ve obligado a amenazar a sus oponentes, carece de moral y de legitimidad política. López Obrador no necesitaría las amenazas para hacer valer su voluntad, pero cada quien decide actuar como cree.