El ambiente de crispación que se vive en torno a las elecciones intermedias, se recrudece con las virulentas intervenciones del presidente de México que hace todos los días en las mañaneras, en las cuales no deja títere con cabeza.

La prioridad de López Obrador es mantener la mayoría de Morena y sus aliados en la cámara de diputados y para ello no hay obstáculo que se interponga para alcanzar tal fin, incluso la descalificación y la violencia verbal son válidos en la óptica del Jefe del Ejecutivo Federal.

Esta violencia engendrada en Palacio Nacional no abona en  frenar la escalada de violencia política que ha segado la vida de 65 candidatos de todos los partidos a nivel nacional entre septiembre de 2020 y febrero 2021 y que por desgracia aumentará en la medida que se aproximen los comicios.

El fin de semana murió en condiciones extrañas, por decir lo menos, uno de los autores intelectuales de la alianza electoral que se dio en la capital del país entre PAN, PRI y PRD, Leonel Luna, quien falleció, de acuerdo a los peritajes correspondientes, debido a que conducía a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol, sin embargo, esta versión de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, se contrapone con las declaraciones de familiares y amigos en el sentido de que el hoy occiso no ingería bebidas etílicas.

En cualquiera de los casos, el candidato a diputado federal de la coalición Va por México por el Distrito 17 de la demarcación de Avaro Obregón,  se suma a los candidatos que han sido asesinados o desaparecidos en el último año.

Desde San Lázaro,  la diputada Verónica Juárez, coordinadora de la bancada del PRD, dijo que el Gobierno Federal está obligado a garantizar la seguridad en el proceso electoral y a evitar las amenazas y la violencia contra candidatas y candidatos, vengan de donde vengan.

Muchos de estos asesinatos han sido perpetrados por el crimen organizado, que busca incidir en las elecciones, por lo que es responsabilidad del Gobierno Federal establecer una estrategia de seguridad efectiva de protección a candidatas y candidatos.

Para nadie es un secreto que los malosos participan con candidatos en las elecciones, a grado tal que han conformado toda una estructura electoral y una gran bolsa de recursos económicos para que sus abanderados triunfen a costa de lo que sea,  en los puestos de representación popular en donde participarán.

Prácticamente en todo el país se dan estos casos y es del conocimiento de los gobernadores como de las autoridades electorales y del orden público, empero, poco se hace para terminar de tajo con ello.

La Guardia Nacional y las fiscalías de las entidades, así como la federal, van a estar en alerta máxima en la víspera de los comicios, porque seguramente habrá más sucesos sangrientos en torno a los candidatos de todos los partidos.

Es una ominosa realidad que el crimen organizado ha permeado en todos los niveles de gobierno y  las campañas políticas, en donde buena parte de los candidatos tienen entre ofrecimientos y amenazas de los malandros para sumarse a sus causas delictivas.

 Juárez Piña recordó que su estado, Jalisco, es una de las entidades en donde más se ha registrado este tipo de violencia durante el actual proceso electoral, como el caso del asesinato de Alfredo Sevilla, quien buscaba la reelección de la presidencia municipal de Casimiro Castillo, y fue encontrado sin vida el pasado viernes.

En un entorno en el cual el estado de derecho se transgrede sin recato y a los jueces se les pone en el paredón de los fusilados, pues en nada abona ese ambiente para contener los asesinatos de los candidatos, si a la postre quedarán impunes.

FEMINICIDIOS REPUNTAN EN SAN LUIS POTOSÍ.

La excelente gestión de Juan Manuel Carreras al frente del gobierno de SLP, se ve manchada por el incremento de feminicidios en la entidad, por lo que debe dedicarse a fondo para resolver este grave problema que, de suyo será una mancha que lo perseguirá después de que deje Palacio de Gobierno el próximo 25 de septiembre.