El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha metido ya, de lleno, al tema de la elección intermedia del próximo mes de junio. Con la firma de un “Acuerdo Nacional por la Democracia” entre el mandatario, los gobernadores de los estados y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la federación y las entidades del país se comprometieron a respetar las elecciones y a no intervenir en ellas, lo que representaría un delito.

Como en otras ocasiones, la presencia del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, mandó un mensaje intimidatorio a los gobernadores no afines al presidente: serán vigilados.

El presidente ha demostrado que, más allá de los grandes problemas que hoy enfrenta el país, para él lo verdaderamente importante es la elección del próximo 6 de junio, en la que busca conservar la mayoría en la Cámara de Diputados. Perderla significaría tener un contrapeso en la Cámara, lo que resulta inaceptable para su talante dominante.

Para López Obrador, todos los temas confluyen en la elección de junio.

El reciente enfrentamiento de López Obrador con el Poder Judicial, en el que acusó al juez Juan Pablo Gómez Fierro de actuar bajo consigna de los “grandes intereses económicos” del país y amenazó con impulsar una investigación sobre su actuación, en la que otorgó amparos a particulares que se oponen a la reforma sobre el tema energético promovida por el Ejecutivo, dejó a la vista el manejo electoral de los temas.

Me explico: López Obrador entró a un pleito con los jueces y la Suprema Corte. Los puso a prueba, jugando a las fuercitas, y cuando se dio cuenta que el pleito no se resolvería pronto y que, además, lo podría perder de manera vergonzosa, decidió posponerlo para después de la elección. En ese momento, enfocó sus baterías hacia OXXO, Bimbo y Walmart. A estas empresas les reclama, con información equivocada, que supuestamente paguen menos por la energía eléctrica que consumen que lo que paga una tienda de abarrotes o una familia de clase media.

Ese tema, planteado así, es más rentable electoralmente que un enfrentamiento con jueces. Por eso, mantendrá su enfrentamiento por varios días o semanas, posicionando la idea de que esas empresas son parte de una mafia beneficiaria del neoliberalismo, al que hay que combatir para hacer un México más igualitario y justo.

Morena y el presidente necesitan conservar la mayoría en la Cámara de Diputados. Ese es su gran objetivo.

El riesgo que enfrentan, de perder esa mayoría, se agudizó con la decisión del Instituto Nacional Electoral de hacer valer lo señalado en la Constitución para evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. De esta forma, sólo el partido que obtenga la mayoría de los votos y distritos tendrá la mayoría en la Cámara de Diputados.

En las elecciones de 2018, Morena no obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados. En esa elección, Morena y su coalición obtuvieron 46%, y la oposición 54%. Sin embargo, la cláusula de gobernabilidad y la representación proporcional le permitieron a Morena tener la mayoría en San Lázaro.

Con la decisión tomada por el INE, Morena está hoy contra la pared. Lo que se prevé es ver a un presidente más metido en la elección, más activo, más en campaña, apoyando más a su partido. No tiene de otra, o lo hace así o se despide de la mayoría en San Lázaro.

Por ello, el Acuerdo Nacional por la Democracia será, seguramente, violado por quien lo convocó. Quizás no será el único en violarlo, pero sí será el más notorio.