El Instituto Nacional Electoral dio un golpe de autoridad al retirar la candidatura a cerca de 60 candidatos de Morena por distintos motivos, principalmente por no reportar a la Comisión de Fiscalización del INE sus gastos de precampaña. Los casos más notorios fueron los de Félix Salgado Macedonio, aspirante a la gubernatura de Guerrero, y Raúl Morón Orozco, quien busca gobernar Michoacán.

Aunque la decisión del INE no es definitiva, pues los candidatos seguramente recurrirán al Tribunal Electoral, la dura posición del INE deja ver que la institución no pretende dar concesiones ante ilegalidades.

Recientemente, el INE también retomó la ley, para hacerla valer, en el tema de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Con ello busca evitar una práctica que ha ocurrido por décadas, y que le ha permitido a algunos partidos contar con una mayoría indebida. Es el caso hoy de Morena.

Por supuesto, las decisiones recientes del INE han enfurecido a Morena, pero no son ilegalidades. Por el contrario, estas decisiones han sido apegadas a la ley y buscan que las elecciones del próximo 6 de junio se mantengan en los cauces legales.

El INE acreditó que otros precandidatos morenistas a presidencias municipales y diputaciones federales y locales no presentaron sus reportes financieros de precampañas. Por ello, el Instituto Nacional Electoral aprobó, además, sancionar a Morena con 6 millones 573 mil 391 pesos.

Por supuesto, la reacción de Morena fue acusar al INE de querer “frenar la transformación del país”. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha puesto a la cabeza de los ataques al INE.

“Una vez más, algunos consejeros del INE han actuado de forma parcial e incongruente con la intención de detener a Morena. Hoy decidieron retirar el registro a casi 60 de nuestros candidatos, anteponiendo sus intereses a la vida democrática del país”, escribió Mario Delgado en Twitter.

Hoy, los morenistas olvidan convenientemente que los partidos de oposición han fortalecido al INE. Desde tiempo atrás, las presiones de los partidos opositores han impulsado candados legales que hoy son aborrecidos por Morena, el partido en el poder. Morena se queja de lo que impulsó tiempo atrás.

La legalidad del proceso electoral no depende sólo del INE. Pese a los dichos presidenciales que acusan al INE de haber solapado un presunto fraude electoral en 2006, los partidos políticos han sido los principales responsables de las acciones ilegales en los procesos electorales.

El presidente habla aún de carruseles electorales, frijol con gorgojo y otras acciones para la compra de votos usadas en la prehistoria, pero actualmente las voluntades se compran mediante tarjetas Monex, entrega de tinacos, y entrega de dinero a cambio de la foto de tu voto. En el actual proceso electoral, han sido varios los candidatos que han hecho campaña con las vacunas contra el COVID-19, y circulan en redes sociales videos de promotores de Morena asustando a los adultos mayores con que les van a reducir los montos que perciben por los programas sociales en caso de que gane otro partido distinto a Morena.

El partido en el poder ha dado muestras de pretender revivir las peores prácticas de los peores tiempos del PRI. El presidente López Obrador ha dado la línea de atacar con todo al INE, pero debilitar al árbitro electoral no le hace bien a la democracia ni al país.

El talante autoritario del presidente no mide el daño que se le hace a la democracia cuando se acusa al INE de ser parcial o de tener intereses oscuros contrarios a una supuesta transformación.

El INE se ha mantenido fuerte frente al embate presidencial y del partido en el poder. Lo deseable es que ahora el Tribunal Electoral se porte a la altura, y ratifique la decisión del INE.