La muerte de 25 personas que viajaban en la línea 12 del Metro de la Ciudad de México es una tragedia que pudo y debió haberse evitado. La construcción, reparaciones y falta de mantenimiento en la llamada “Línea Dorada”, ignoraron las muchas y constantes denuncias ciudadanas, que en las redes sociales exhibieron lo que era evidente: la seguridad de los usuarios estaba en riesgo.

Ahora, ya ocurrida la tragedia, lo que sigue es la política: unos a deslindarse, otros a lucrar con lo ocurrido, otros a repartir culpas. Hoy, nadie confía en que las autoridades capitalina y federal castigarán a los responsables. En la línea del tiempo se ubican el actual canciller, Marcelo Ebrard, en cuya administración capitalina se construyó la línea 12; Mario Delgado, actual dirigente de Morena, quien fue secretario de Finanzas de Ebrard; Miguel Ángel Mancera, hoy senador, quien durante su gestión en el gobierno de la CDMX habría reparado fallas de origen de la “Línea Dorada”; Claudia Sheinbaum, actual jefa de Gobierno de la CDMX, quien solapó la ausencia de un subdirector de Mantenimiento del Metro durante un año y la presencia de una directora del Sistema de Transporte Colectivo, Florencia Serranía, quien no tiene idea de sus responsabilidades y obligaciones al frente del Metro; y hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha privilegiado los recortes presupuestales y la austeridad en la aplicación de recursos para el mantenimiento.

Serranía Soto es el ejemplo más palpable de lo peligroso que es nombrar a alguien en un puesto para el que no tiene habilidades, experiencia y aptitudes, bajo la idea del 90% de honestidad y 10% de experiencia. Es la misma persona que, cuando en enero de 2021 se registraron explosiones en centrales de alimentación eléctrica, se deslindó de responsabilidades afirmando: “yo nada más soy la directora del Metro”.

Todos los anteriormente mencionados tienen algo de responsabilidad en lo ocurrido en Tláhuac, pero ninguno de ellos pagará por ello. A pesar de que Sheinbaum anunció la realización de una investigación y peritaje externos e independientes, las reacciones de las autoridades, con total falta de empatía con las víctimas, el sentimiento popular es que nuevamente se protegerá a los verdaderos responsables.

Para el presidente López Obrador, por ejemplo, la prioridad era cancelar el timbre postal conmemorativo de la ceremonia de solicitud de perdón a las comunidades mayas del país.

Los familiares de los fallecidos y los lesionados tuvieron que pasar un viacrucis para localizar a sus parientes. Nadie se preocupó por atender a quienes, desesperadamente, recorrían hospitales tratando de encontrar con vida a sus familiares.

La tragedia no debe usarse con fines políticos, pero todos, candidatos, dirigentes políticos, autoridades y activistas buscan sacar raja política de lo ocurrido en Tláhuac. No tiene caso recordar que quienes hoy gobiernan clamaban justicia y cárcel para quienes gobernaban cuando se abrió un socavón en la autopista del Sol, a la altura de Cuernavaca, lo que provocó la muerte de dos personas, y hoy piden mesura y esperar el resultado de una investigación en la que, de antemano, nadie cree.

Las reputaciones de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, quienes futurean con una posible candidatura presidencial en 2024, hoy están a prueba. A Sheinbaum la rebasó la tragedia, y su administración se mostró incapaz de dar atención oportuna a los familiares de las víctimas. Del resultado y el manejo de esta crisis dependen en gran medida los futuros de Sheinbaum y Ebrard. El presidente López Obrador arreciará su enfrentamiento con los medios de comunicación, alterado porque considera que no se reconoce la transformación que él encabeza.

La tragedia de Tláhuac se pudo haber evitado. No se hizo lo necesario para evitarla.