Los abusos del poder público en el país tienen carta blanca, es decir están permitidos, toda vez que el organismo que tiene como misión proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, es omiso.

La Piedra que despacha como titular de la CNDH, se ha vuelto cómplice del gobierno de la 4T a tal grado que, por ejemplo, en los atropellos que hace la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración contra los migrantes centroamericanos y caribeños, se ha hecho de la vista gorda y hacen como que no ven las fragantes violaciones a los derechos humanos.

Y qué decir de la soterrada pero constante transgresión a la libertad de expresión  que constantemente se hace por el principal huésped de Palacio Nacional.

Quien atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión, atenta contra toda la sociedad mexicana y sus instituciones democráticas.

Ahora, que no existe la CNDH en México, los organismos internacionales en la materia, muestran su preocupación, no solo al tener presencia en los lugares de conflicto, particularmente en Chiapas, sino con sus señalamientos y recomendaciones.

Cierto, la actual crisis de graves violaciones de derechos humanos es en parte consecuencia de la impunidad y la corrupción, hechos que menoscaban la confianza de la ciudadanía en las autoridades, lo que contribuye a exacerbar el clima de violencia.

El rebase de la macabra cifra de 100 mil muertos por homicidio doloso en lo que va del sexenio de AMLO, conlleva necesariamente, también, de forma paralela, la transgresión a los derechos humanos, de las víctimas, de sus familiares y de todo aquel que haya sido afectado por el daño colateral de los coletazos de la violencia.

Sin un organismo autónomo de Derechos Humanos a nivel nacional, la ciudadanía está totalmente indefensa ante los abusos de la autoridad, por ello se entiende la razón de que  México esté en la lista negra a nivel mundial de los países con mayor número de casos de violación a los derechos humanos.

La violencia de género, migración. Seguridad, salud y agresiones contra activistas y defensores son solo algunos de los temas que Amnistía Internacional tiene puesta su atención en México.

A inicios de 2021, la asociación de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HWR) denunció un empeoramiento en la catástrofe humanitaria que vive México por la violencia y el crimen organizado, situación que seguirá empeorando.

Ante este escenario, ¿qué está haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos?, diremos para no ser exagerados, casi nada, por la sencilla razón que este organismo se convirtió en un apéndice del gobierno. Una oficina más dependiente del presidente y por ello ha dejado de existir.

Desde el nombramiento de Rosario Piedra como defensora del pueblo, se sabía que en ese momento se borraba de un carpetazo la autonomía de la CNDH en detrimento de los derechos humanos de los mexicanos.

 Las elecciones del 6 de junio mostraron con toda crudeza la violación sistemática de los derechos humanos, tanto para candidatos como para los ciudadanos, quienes en varias entidades del país, no pudieron sufragar conforme a sus deseos o de plano, fueron retenidos para no acudir a las urnas.

Un grupo de expertos de la ONU y de la OEA exigió, luego de la jornada electoral, que se investigarán  los crímenes contra candidatos y las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en el periodo previo a la votación, el día de la elección y el periodo postelectoral, sin embargo, hasta la fecha, siguen impunes.

La pregunta en torno a que escenario se vislumbra para la segunda parte del sexenio de AMLO, tiene que ver con la inmediata respuesta, la cosa se pondrá peor, por una sencilla razón; el respeto a los derechos humanos por parte de la autoridad es nulo y si a ello, le sumamos que la CNDH no existe, pues la sociedad está al garete y en total indefensión ante los abusos del poder y ello pone en una encrucijada al propio Estado en cuanto a su vulnerabilidad y su propia existencia.