Baby’O, la discoteca emblemática de Acapulco, la más famosa de México, hoy está reducida a cenizas. Su incendio se registró la víspera del cambio de autoridades municipales en el puerto y en todos los municipios de Guerrero. El mensaje es claro: Quien manda es el crimen organizado. La realidad es clara: no hay autoridad para enfrentar al crimen organizado, que actúa libre e impunemente. No hay más.

A tres años de haber tomado posesión de la Presidencia de la República y de haber exclamado que no tenía derecho a fallar en la gran responsabilidad que le confirieron más de 30 millones de votos, hoy Andrés Manuel López Obrador se puede declarar derrotado frente al crimen organizado. Si hay complicidad del gobierno federal con los cárteles, hay derrota; y si hay incapacidad del gobierno federal para contener a la delincuencia, también.

De nada han servido las reuniones de las 6 de la mañana en Palacio Nacional, en las que, de acuerdo con las declaraciones del presidente, “se trabaja todos los días para lograr la pacificación del país”, sencillamente porque la “estrategia” es dejar hacer y dejar pasar. Es la política de los abrazos y no balazos que le da luz verde a los grupos de la delincuencia organizada para actuar impunemente, con el consentimiento gubernamental.

Mientras las autoridades que deberían trabajar para la seguridad del país beben café a las 6 de la mañana en Palacio Nacional, los cárteles actúan, los grupos de la delincuencia organizada amedrentan, amenazan, extorsionan, secuestran, matan, y de esa forma muestran quién de verdad manda en el país.

En el corte de mitad del sexenio no queda duda de que, en materia de seguridad, el presidente López Obrador y su gobierno han fracasado. De nada sirve que públicamente el mandatario y los responsables de las áreas de seguridad exhiban “otros datos”, cuando la realidad indica algo distinto a diario.

Lo que la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, define como “una filosofía de pacificación de todas las entidades” ha fracasado. Nadie puede decir que esté dando buenos resultados, cuando el número de homicidios en el país está por igualar al que se registró en todo el sexenio de Felipe Calderón, y que al paso que vamos terminará superando al de Enrique Peña Nieto, juntos.

La huella de la delincuencia organizada y de los cárteles ha quedado impresa a lo largo de los últimos tres años, al grado de que la sospecha de contubernio entre las autoridades y los delincuentes flota en el ambiente.

Soltar a Ovidio Guzmán, permitir que los cárteles se paseen y exhiban su poderío de armamento, los asesinatos de candidatos en la pasada elección intermedia, la documentada actuación del crimen organizado para influir en las elecciones en la alcaldía Tláhuac y en el estado de Sinaloa, la ausencia de detenciones de líderes de la delincuencia organizada, el atentado con bomba en un restaurante de Salamanca, y el más reciente incendio provocado en Baby’O de Acapulco, son algunas muestras de la actuación de los grupos delincuenciales en distintas partes del país con la aparente complacencia gubernamental.

El gobierno de López Obrador optó por no meter las manos, pensando que los delincuentes atenderán a sus conciencias y que depondrán las armas atendiendo a preceptos morales. No ha sido así.

Por el contrario, las cifras y las evidencias muestran que la violencia y la comisión de delitos están imparables.