Durante los primeros tres años de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue siempre reticente a dialogar con la oposición. Era lógico, no la necesitaba absolutamente para nada pues contaba con todo el poder que otorga la investidura presidencial y con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para hacer pasar cualquier iniciativa, incluso si implicaba una modificación constitucional.

Los escasos diálogos promovidos desde Palacio Nacional fueron con los empresarios, a quienes siempre instó el presidente a invertir cambiando el esquema de negocios. Ustedes aporten, reduzcan sus márgenes de ganancia, estén de nuestro lado, y con ello el gobierno mantendrá amarrados a sus perros, fue siempre el mensaje, velado o directo, que López Obrador expuso en las reuniones con la gente del dinero.

Los primeros tres años del gobierno de López Obrador fueron casi como el sueño de cualquier dictador bananero: con todo el poder, con oposición prácticamente inexistente, y con empresarios temerosos de investigaciones o represalias fiscales que los pongan al borde de la cárcel o, en el mejor de los casos, de pagar cuantiosas sumas para ponerse al corriente con el SAT.

El escenario nacional cambió en junio de este año. Los resultados electorales arrebataron al presidente el mango de la sartén y, de repente, López Obrador tuvo que aceptar que el apoyo popular no siempre se traduce en votos. El necesario cambio de estrategia pasa, ahora sí, entre otras cosas, por la necesidad de dialogar con la oposición para hacer avanzar los intereses de Palacio Nacional.

El gobierno de López Obrador ha iniciado una serie de mesas de diálogo con el partido político que ha sido el más atacado en este sexenio: Acción Nacional. Temas como “Tolerancia, pluralidad democrática y Estado de derecho”, “Mesa económica para la generación de empleo y superar la pobreza”, “Seguridad”, “Reforma eléctrica”, y “Medio ambiente y desarrollo sustentable”, se discutirán en mesas de diálogo a partir de enero. En estas mesas, hasta ahora, sólo se considera por un lado a los actores del gobierno y sus aliados, y al Partido Acción Nacional. Aún falta ver si el PRI accede a estas mesas de diálogo.

Más allá del romanticismo de que con el diálogo se beneficia México, en realidad las mesas que se establecerán en enero tienen jugadas benéficas para ambas partes: al gobierno le dan la posibilidad de convencer a la oposición más renuente para obtener los votos necesarios para la aprobación de una reforma eléctrica que hoy parece muerta. Por su parte, al PAN le dan una opción de negociación en la que pueden seguir figurando como el partido que lidera a la oposición, restándole al PRI el grado de fortaleza que había obtenido al coquetear con la posibilidad de votar a favor de la reforma eléctrica del gobierno.

El PRI se había ubicado como el partido que definiría el rumbo de la reforma eléctrica, luego de que el PAN anunciara su total rechazo de manera inmediata. Sin embargo, el impasse en el que ahora se encuentra la reforma eléctrica propuesta por López Obrador le dio tiempo a Acción Nacional para recomponer su estrategia, que también implica restarle protagonismo a un PRI que mantiene intacto su colmillo político adquirido tras 70 años en el gobierno.

La experiencia enseña que las mesas de diálogo que se han planteado para el próximo mes de enero serán un ejercicio de medición de fuerzas, en el que el gobierno y el PAN buscarán medir al oponente. El objetivo del gobierno es lograr que pase la reforma eléctrica con los menores cambios posibles, mientras que Acción Nacional busca acreditarse como la voz cantante en la oposición.

De las mesas anunciadas seguramente no saldrán resultados tangibles, sino meras expresiones de buena voluntad que se verán rotas en cualquier momento. De hecho, los resultados que se alcancen en esos diálogos muy probablemente se verán obstruidos por el propio presidente. Las mesas tienen como objetivo ganar tiempo y cuidar apariencias, y sus resultados equivaldrán a nada. Serán mesas de chocolate, pues.

Si el gobierno de López Obrador y el PAN acuden a las mesas de diálogo con claridad de sus propios objetivos, el resultado previsible será la aprobación de una reforma eléctrica con algunos cambios, y el reconocimiento del PAN como una oposición seria y respetable. Pero si alguno de ellos equivoca los objetivos, seguramente el resultado será una chamaqueada.