Delfina Gómez Álvarez, actual secretaria de Educación Pública, fue presidenta municipal de Texcoco entre 2012 y 2015, y en 2017 solicitó licencia a su cargo de diputada federal por Morena para contender por la gubernatura del Estado de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere a ella como “una mujer honesta, a quien ya le ven futuro como próxima gobernadora”. Y efectivamente, todo apunta a que Delfina Gómez sea nuevamente candidata de Morena al gobierno del Estado de México en 2023, y tiene buenas probabilidades de ser la próxima gobernadora de esa entidad.

En lo que no tiene razón el presidente es en que la secretaria de Educación Pública sea una mujer honesta. No puede calificarse así a quien ha cometido actos indebidos y ha pasado por encima de los derechos de otras personas, y menos si esas personas son sus subordinados.

El propio presidente ha insistido en la necesidad de castigar con dureza los delitos electorales, pero a últimas fechas han quedado a descubierto distintas acciones realizadas por Morena que abiertamente califican como delitos electorales.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó una multa de más de 4.5 millones de pesos a Morena por el diezmo que Delfina Gómez exigió a 550 empleados públicos del municipio de Texcoco cuando fue presidenta municipal, y por pagar con recursos municipales a proveedores de Morena sin rendir cuentas a la autoridad electoral. Por ese diezmo, la campaña de Delfina Gómez a diputada federal en 2015 se benefició con 13 millones 752 mil 414 pesos.

La máxima autoridad electoral, el TEPJF, ha determinado que Delfina Gómez cometió un delito electoral al apropiarse de 10% del salario de empleados públicos del municipio de Texcoco para su beneficio y el de su partido. Por decoro, decencia, congruencia y dignidad, Delfina Gómez debería dejar su actual cargo como titular de la SEP y retirarse de la política. Eso haría una persona digna, decente y congruente con lo que ella y su jefe han expresado, pero esas virtudes no las ostentan ni ella ni el presidente.

Cuando en septiembre del año pasado el Instituto Nacional Electoral anunció la sanción económica a Morena por lo realizado por Delfina Gómez, el presidente López Obrador defendió a la secretaria de Educación Pública. “Ahora resulta que el INE sanciona a Morena porque supuestamente cuando la maestra (Delfina Gómez) estuvo de presidenta municipal pedía moches, pero ahí era para que compraran sillas de ruedas, y presentaron una denuncia por eso”, señaló el mandatario ante el anuncio de la sanción.

El TEPJF confirmó que, como presidenta municipal, Delfina Gómez generó un esquema de retenciones salariales que fueron aplicadas a 550 empleados municipales de Texcoco. El INE comprobó las retenciones por más de 13 millones de pesos, y documentó que el Ayuntamiento de Texcoco expidió 50 cheques a nombre de María Victoria Anaya por 10 millones 810 mil 939.89 pesos, y nueve cheques a Sara Iveth Rosas Rosas por 2 millones 74 mil 205.19 pesos.

Las pólizas de retención de indicaban “Aportaciones GAP”, “aportación voluntaria”, “apoyo al partido”, y “retenciones de apoyo institucional”, y fueron firmadas por la presidenta municipal de Texcoco, Delfina Gómez; el síndico Eliseo Edmundo Rosales López; el secretario Horacio Duarte Olivares (hoy Administrador General de Aduanas) hasta abril de 2013 cuando lo sustituyó Nazario Gutiérrez Martínez; y el tesorero Alberto Martínez Miranda.

La decisión del TEPJF exhibe la deshonestidad de Morena y de Delfina Gómez. La deshonestidad será avalada y curada en Palacio Nacional y la secretaria de Educación Pública seguirá su paso hacia la candidatura al gobierno del Estado de México. Delfina Gómez quizás gane la elección de 2023, pero lo que ya no podrá hacer es presumir honestidad.