Nunca el combate a la corrupción se había puesto en el centro de la acción de gobierno ni se había considerado como el principal problema del país. Desde su campaña presidencial -la más reciente, con la que llegó al poder-, Andrés Manuel López Obrador puso a la corrupción como el cáncer a combatir durante su gobierno, y en su discurso se dice decidido a acabar con ella. En general, el combate a la corrupción es la tarea principal para concretar lo que el presidente ha llamado la cuarta transformación.

Desde el inicio de su gobierno, López Obrador ofreció no meter las manos para defender ni a sus familiares más cercanos en caso de que cometieran actos de corrupción. Advirtió que él sólo respondería por las acciones de su hijo menor, Jesús Ernesto, y por las suyas.

Sin embargo, muy pronto se empezó a visualizar que ese cacareado combate a la corrupción se quedaría en el discurso y no trascendería a la acción. López Obrador incluyó en su gabinete a gente con antecedentes de corrupción, y defendió su pasado. Ese fue el caso de Manuel Bartlett, de quien se expresa maravillosamente cada vez que es cuestionado. A pesar de que, ya en este sexenio, un trabajo periodístico documentó que el director general de la CFE es propietario de más de una veintena de casas que nunca fueron manifestadas en su declaración patrimonial, Bartlett siguió contando con la defensa incondicional de López Obrador.

El tema de las propiedades no manifestadas en sus respectivas declaraciones patrimoniales se extendió entre varios miembros del gabinete presidencial: Olga Sánchez Cordero, Javier Jiménez Espriú e Irma Eréndira Sandoval. Todos ellos “olvidaron” incluir en sus declaraciones patrimoniales propiedades de las que sólo hablaron una vez que les fueron descubiertas por la prensa. Ninguno de ellos tuvo alguna consecuencia por ello, y por el contrario fueron defendidos por el presidente.

A Ana Gabriela Guevara distintas investigaciones periodísticas le han hallado diversas irregularidades y desvíos de dinero del presupuesto de la CONADE, que ella encabeza. Deportistas de alto rendimiento han hecho saber sobre malos manejos, recortes y falta de entrega de los apoyos económicos que han ganado por su trayectoria deportiva. Guevara también fue defendida por López Obrador.

Dos hermanos del presidente, Pío y Martín Jesús, fueron captados en videos recibiendo dinero en efectivo para “el movimiento” que el propio Andrés Manuel encabezaba, lo que en sí representa un delito electoral al ser recursos no manifestados por el partido político que lo llevó a la Presidencia. El hecho fue minimizado desde el púlpito mañanero, y se ofreció una investigación que hasta hoy no ha avanzado ni medio ápice.

Ahora, la corrupción ha tocado al círculo más cercano de la familia de López Obrador. Su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, habitó junto con su familia una casa propiedad de un contratista del gobierno de México. Esto representa un evidente conflicto de interés envuelto en la corrupción que representaría que este contratista tuviera tratos preferenciales por su evidente buena relación con el hijo del presidente.

El propio mandatario minimiza el asunto, y sus seguidores en las redes sociales y los medios de comunicación se esfuerzan por hacer parecer el hecho como algo que no merece la atención.

El supuesto combate a la corrupción que prometió López Obrador ha perdido fuerza. Ya no puede ser la bandera de su gobierno, pues ha quedado claro que la protección a los corruptos también es un sello de esta administración. El tal combate a la corrupción no pasó a los hechos, y simplemente se quedó en palabras.