Alguien no informa bien al presidente López Obrador sobre la importancia de las escuelas de tiempo completo en el combate a la desnutrición y el abatimiento del rezago educativo de 3.6 millones de niños que se encuentran en situación más desfavorecida.
¿Acaso los que no se atreven a informarle son la maestra Delfina Gómez, aún secretaria de Educación Pública; Rogelio Ramírez de la O, secretario virtual de Hacienda; o Sergio Gutiérrez Luna, perseguidor en los tribunales de quienes piensan diferente?
El caso es que la decisión de suspender el programa de escuelas de Tiempo Completo es una decisión contraria al discurso, a la convicción y voluntad presidenciales de actuar en favor de los pobres.
Un informe del Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (conocido por todos como Nutrición) elaborado con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre otras instancias gubernamentales resultado de la evaluación del programa de escuelas de tiempo completo arroja datos que le ocultan al presidente y que debería ser de importancia insoslayable:
El 74. 3 por ciento de las escuelas hasta ahora incluidas en el programa de escuelas de tiempo completo se encuentran ubicadas en regiones de marginación alta.
El 87.3 por ciento están en el ámbito rural y una de cada cinco son escuelas indígenas.
La edad promedio de los estudiantes atendidos ha sido de 9 años de edad, la mitad son niñas y la mitad niños; el 36.9 por ciento padecen sobre peso y obesidad, mientras que 12 de cada cien padecen desnutrición crónica y 11 tienen talla baja.
Un dato de la mayor importancia: para el 65.8 por ciento de los beneficiarios del programa de escuelas de tiempo completo el alimento proporcionado en su centro escolar es su primera ingesta en el día y la única balanceada.
Si aplicamos una regla de tres, operación matemática que suponemos al alcance de los servidores públicos mencionados, estamos hablando de que el gobierno decidió suspender a dos millones trescientos tres mil niñas y niños su primer alimento del día y único balanceado nutricionalmente.
El gobierno decidió dejar a dos millones noventa mil estudiantes con problemas de malnutrición fuera de este programa que, por muy defectuoso que fuera, tiene entre sus logros contribuir a la disminución de la deserción escolar; mejorar las capacidades de atención, retención y rendimiento escolar; impulsar el crecimiento de la niñez beneficiaria; promover hábitos saludables entre los padres y madres de familia y los estudiantes; impulsar la agricultura local y, todo ello, con atención igualitaria.
Esto es lo que la SEP ha decidido interrumpir. Lo que no sabemos es cómo se lo informó la aspirante a gobernar el Estado de México al presidente.
Los datos aquí vertidos no obedecen a las negras intenciones de los conservadores golpistas de organismos creados por los adversarios del tetrateismo oficial, ni a la visión neoliberal de organismos financiados por agencias enemigas. Los autores intelectuales del estudio, Nutrición y UNICEF, recomendaron ampliar el presupuesto federal para incluir más escuelas de tiempo completo; mantener los objetivos de potenciar el desarrollo cognoscitivo de los estudiantes y promover estilos de vida saludable; impulsar convenios con pequeñas unidades de producción locales para contribuir a alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria propuesta por AMLO en campaña.
La lealtad política incluye la difícil tarea de decirle la verdad al jefe, quien en el caso de AMLO es un convencido de la importancia de la nutrición y los hábitos alimenticios, de poner primero a los pobres, de apoyar a los que menos tienen y de elevar el nivel de bienestar de las poblaciones indígenas.
Reflexionemos e informemos al habitante de Palacio Nacional lo que implica la decisión de quitarle al pobre, al hambriento, el pan de la boca y excluirlo de la posibilidad de recuperar el rezago educativo acumulado al de la pandemia.
Animemos a los integrantes de su gabinete a informar al presidente con objetividad, sin ocultarle datos, a asumir el costo de ser honestos con él. Más vale un regaño por su honestidad valiente que exponerlo a tomar decisiones que perjudiquen al pueblo que lo eligió y que, tarde o temprano, se decepcione. AMLO les dijo a los mexicanos que no tiene derecho a fallarnos. Sus colaboradores tienen el deber de ayudarle a cumplir su palabra.
