La reforma eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados, en sus términos actuales, está muerta. Si esa reforma no sufre modificaciones para permitir a la iniciativa privada participar activamente en la generación, almacenamiento y distribución de la energía eléctrica, puede irse enterrando.

En realidad, esta reforma eléctrica es un capricho del presidente disfrazado de nacionalismo. El mandatario argumenta que su propuesta busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, y los propagandistas de Palacio Nacional inventaron el eslogan de que con la reforma se devolverá la energía eléctrica a los mexicanos.

La reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto permitió a la iniciativa privada generar su propia energía eléctrica para el autoabasto, y la comercialización de excedentes. Industrias como la hotelera, la automotriz y otras tuvieron beneficios porque la propia generación de su energía eléctrica les permitió abatir costos. Esto no significó el debilitamiento de la CFE, sino que insertó a la compañía eléctrica estatal en un proceso de competencia que le daría fortaleza y le permitiría destinar sus recursos a proyectos prioritarios.

Al presidente López Obrador no le gusta la competencia. Él es más fan de los monopolios estatales, y tiene la firme creencia de que esa es la forma de fortalecer a las compañías del Estado.

La reforma eléctrica que envió a la Cámara de Diputados ha tenido mucho rechazo por parte de las empresas mexicanas y extranjeras. No es un tema de que pierdan privilegios, como ha dicho el presidente, sino de que cualquier persona con un poco de información cierta puede darse cuenta de que la CFE no será capaz de generar, administrar y distribuir la energía eléctrica que requiere el país y al mismo tiempo echar a andar nuevos proyectos de energías limpias para el futuro.

Además, eliminaría los reguladores autónomos, como la Comisión Reguladora de Energía; revisaría contratos previos y priorizaría a las plantas fósiles de la CFE sobre las renovables de privados.

Tal como está planteada, la reforma eléctrica de López Obrador también va en contra del T-MEC, y el gobierno de Estados Unidos ya manifestó en diversas ocasiones su inconformidad por ello. Las empresas estadounidenses que han hecho inversiones en el sector eléctrico de México también están preocupadas, y cuentan con el apoyo de su gobierno. La reciente visita a México del enviado especial de la Casa Blanca para el Clima, John Kerry, quien junto con empresarios estadunidenses y el embajador Ken Salazar sostuvo una larga reunión con el presidente López Obrador, dejó claro que el gobierno de Estados Unidos está muy pendiente del camino que sigue la propuesta del presidente mexicano en materia eléctrica.

Al término de la reunión, Kerry aseguró ante los medios de comunicación la creación de un equipo especial por parte de Estados Unidos para dar seguimiento más directo a las negociaciones de la reforma eléctrica. El gobierno de Estados Unidos decidió ponerle marcación personal a López Obrador en el tema de la reforma eléctrica. La presión apenas empieza, y Estados Unidos sabe cómo apretar.

Al margen de ello, a Morena y sus aliados les hacen falta al menos 55 votos adicionales que deberán obtener del PRI, PAN, PRD o Movimiento Ciudadano si quieren que la reforma constitucional sea viable. Aún así, en el Senado tampoco cuentan con los votos necesarios.

López Obrador mantendrá su discurso de que a su reforma no se le moverá ni una coma, pero la realidad es que tal y como está actualmente la reforma está muerta. El presidente López Obrador ya empieza a dedicarle más tiempo a las otras reformas que son de su interés: la reforma a la Guardia Nacional, y la reforma política. Pero esas, son otras historias.