Obnubilado y acorralado, ahora pretende echar a andar el plan B, C o Z para establecer un nuevo   organismo electoral que organice las elecciones y otro tribunal electoral para calificarlas.

Al caerse la reforma electoral del presidente por carecer de  los votos suficientes que se requieren en el Congreso para lograr la mayoría calificada, ya anuncia otras opciones legislativas que no requieren contar con los votos de las dos terceras partes de los diputados o senadores presentes el día de la votación, sino tan solo con una mayoría simple.

Lo relevante para AMLO es establecer todo un nuevo andamiaje electoral para evitar que no haya alternancia política, es decir establecer la nueva dictadura perfecta, tal como ocurría con el PRI del el siglo pasado que permita a Morena enraizarse en el poder por los próximos 50 años.

Tantos años en espera para llegar al poder, para soltar la silla presidencial en apenas seis años.

Lo hemos dicho en este espacio hasta el cansancio, López Obrador no entregará el poder a la oposición, aun perdiendo en las urnas y en los tribunales, por ello, le urge evitar a toda costa cooptar a las autoridades electorales y por supuesto tener las “vías legales” para evitar soltarle la banda presidencial a un integrante de la oposición.

El quid del asunto ni siquiera es la reforma electoral per se, sino tener el control del INE y del TEPJF para mantenerse en la presidencia de la República ya sea por medio de una ampliación de mandato derivado de una consulta popular o la reelección.

En estos momentos, en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, domina, con sus asegunes, la voluntad de AMLO y como se ven las cosas, ese control se mantendrá con el nuevo ministro presidente que se nombre a la salida de Arturo Zaldivar.

De igual manera, el próximo año, en abril, saldrán del INE Lorenzo Córdova y Ciro Murayama y la estrategia oficialista es impulsar a personajes afines a la 4T para establecer el control total de ese instituto.

Con el dominio de los organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República, entre otros, el presidente López Obrador está a un pasito, solo le falta el INE y el TEPJF, para controlar todas las instancias públicas para mantener el poder más allá del 2024.

Si él no puede quedarse por la presión de la sociedad civil y de la comunidad internacional, particularmente de Estados Unidos y de la Unión Europea, dejará en el cargo a Claudia Sheinbaum o a Adán Augusto López.

Como se aprecia, la lucha por el control de las instituciones electorales e incluso del poder Legislativo, es fundamental para que este perverso plan tenga éxito.

La mega marcha para proteger a la democracia y al INE que se llevó  a cabo en las principales ciudades del país, y en varias ciudades relevantes del orbe como Nueva York o Madrid, no solo le dio en la línea de flotación a la pretensión de establecer un nuevo orden constitucional que impida la alternancia en la presidencia, sino que rechazó contundentemente el establecimiento de un régimen absolutista en México.

AMLO se quitó el antifaz demócrata para develar su  verdadero rostro.

El presidente, implícitamente, aceptó el fracaso de su iniciativa de reforma que busca erosionar las bases de la democracia al pretender eliminar el INE y los órganos locales, controlar el Instituto electoral y la organización de las elecciones a través de consejeros a modo, y romper la pluralidad en el Congreso de la Unión.

La movilización de la sociedad civil para defender uno de los patrimonios más importante de los mexicanos, la democracia, calo fuerte en el oficialismo y ha puesto una enorme cortina de contención para evitar que se erosione o de plano para que desaparezca.

También la marcha permitió poner en su lugar al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno y todos aquellos legisladores y políticos que buscan más su beneficio propio que el de la nación, desde luego, para alguien podría decir que esto es obvio, sin embargo, al proceder de forma egoísta, le pegan al partido político  al que pertenecen.

En momentos que el Revolucionario Institucional está en entre la gloria o el precipicio, sus más altos dirigentes ya negociaron para avalar la reforma electoral del gobierno, aunque, después de ver la molestia de los manifestantes contra “Amlito”, pues saben que de no proceder en consecuencia con los propósitos de los aliancistas y la sociedad civil, el PRI perderá su registro nacional.