La “cofradía” que ahora dirige los destinos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mostró color rápidamente en favor del oficialismo al  dotar a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, de facultades extra constitucionales para tomar decisiones por encima del  Consejo General de ese organismo, como es el caso de nombrar titulares de los cargos de primer nivel que están acéfalos en el Instituto Nacional Electoral.

Había cierta expectación en torno a la actuación de la nueva presidenta del TEPJF,  Mónica Aralí Soto Fregoso, en relación a las diversos asuntos que debe atender esa instancia electoral en torno a las controversias que se presentan en el máximo tribunal electoral, pero con esta resolución ha quedado muy claro cuáles son sus querencias y sus filias.

El proyecto de Soto fue avalado con los votos de los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, por lo que la presidenta del INE podrá ratificar a los encargados de despacho, quienes podrán continuar en sus funciones hasta la conclusión del proceso electoral.

En sesión pública presencial,  se dejó sin efectos el establecimiento de los plazos de 30 días para que la consejera presidenta presente propuestas correspondientes y de 12 meses como límite temporal que podrían permanecer las encargadurías de despacho, entre otras que, en opinión de los magistrados citados,  excedieron la facultad reglamentaria del Consejo General del INE.

La magistrada Janine  Otálora en contraparte, consideró que el Consejo General del INE no se extralimitó en su facultad reglamentaria porque constitucionalmente este Consejo es el órgano máximo de dirección y la ley le otorga la atribución de aprobar las designaciones de titulares de áreas.

Más allá de las interpretaciones de los magistrados, es preocupante que al cuarto para las doce, el Tribunal esté dividido y enfrentado merced a diversos agravios personales y sobre todo por la grosera injerencia del gobierno del presidente López Obrador.

El máximo tribunal electoral del país está partido en dos flancos, uno, diremos los alineados al oficialismo en donde está Mónica Soto y los dos “Felipes” y en el otro lado, están los constitucionalistas integrado por Otálora y Reyes Rodríguez.

El Tribunal está incompleto y dividido en la víspera de las elecciones más concurridas de la historia electoral y lo más grave es que la mayoría de este órgano es claramente proclive hacia el Titular del Poder Ejecutivo Federal.

El eje femenino de los organismos electorales de la Nación, Taddei-Soto, deben constituirse como garantes de las libertades, de la democracia y del marco constitucional y no actuar como simples comparsas del totalitarismo.

El tiempo y la propia actuación de ambos personajes, se pondrán bajo el crisol de los acontecimientos y de la historia, porque una cosa son las interpretaciones personales y sesgadas que se dan de las leyes y otra muy diferente, el irrestricto respeto a la Carta Magna y el marco legal electoral.

El árbitro electoral está en entredicho y de no enmendar  el camino, no es exagerado  apuntar que los derechos fundamentales de los mexicanos están en peligro al ser vulnerado el régimen democrático y de libertades.

MARKO CORTÉS CONTRA LOS PANISTAS.

El berrinche que hizo el dirigente nacional del PAN porque el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, lo puso en su lugar al recordarle que ese partido va en picada en la entidad al alcanzar tan solo el 6 por ciento de la votación nominal en las votaciones del año pasado; ha dinamitado la alianza opositora por lo menos en esa entidad y ha encuerado a  Marko como un dirigente caprichoso que no le importan las consecuencias de sus declaraciones y menos en postular candidatos propios y sin coalición que han mandado al matadero en los comicios de junio, por el declive de los azules en el norte del país.

Lo hemos dicho hasta el cansancio en este espacio, ante el peor gobierno está una pésima oposición dirigida por el propio  Cortés y Amlito, quienes toman sus decisiones no en función de los intereses de la mayoría de los mexicanos, sino en respuesta a sus intereses personales y de su grupo político.