La mayoría de los programas sociales instrumentados por este gobierno carecen de objetivos claros, reglas de operación, mecanismos de participación social y las evaluaciones independientes,   además de que se otorgan bajo una lógica de política clientelar y no para resolver la pobreza y la marginación.

De acuerdo a Coneval existen 17 programas sociales coordinados por siete dependencias federales de la 4T, los cuales durante 2023 recibieron recursos por 512 mil millones de pesos y de ese enorme caudal de recursos públicos, el 19% no han logrado identificar su población objetivo lo que significa que alrededor de 66 mil millones de pesos se canalizan “a ciegas”, por lo que, en el mejor de los casos, son recursos tirados a la basura, y en el peor, es dinero público que se perdió en los vericuetos de la corrupción.

Los proyectos prioritarios para este gobierno son, entre otros, Pensión para el bienestar de las Personas Adultos Mayores; para Personas con Discapacidad Permanente;  Sembrando Vida; Jóvenes Escribiendo el Futuro; Becas para estudiantes para educación básica, media superior, entre otros tantos en donde se diluyen los recursos públicos.

El reporte de Coneval, menciona, por ejemplo,  que programas como Universidades para el Bienestar, diseñado para superar la exclusión en la educación superior; el Programa Nacional de Reconstrucción, para la rehabilitación de inmuebles de salud, educación, vivienda y bienes culturales afectados por los sismos de 2027 y 2018, y Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin la Seguridad Social Laboral no especifican ningún grupo poblacional al cual buscan brindar atención.

Se diseñan los programas al gusto del principal huésped de Palacio Nacional con recursos etiquetados, pero no se definen las reglas de operación y todos los mecanismos de control interno de las dependencias que ejercen el gasto y por ello, de acuerdo a los informes de la Cuenta Pública de la Auditoria Superior de la Federación que dirige el oaxaqueño David Colmenares, las comprobaciones relativas al gasto en estos rubros, en buena parte de ellas, no existen o están conformados por información sesgada, insuficiente e incluso falsificada.

Tenemos los casos más emblemáticos de corrupción en esta administración, en Segalmex y en todos los programas de política asistencial, así como curiosamente, en las tres obras insignia como son el AIFA, Dos Bocas y Tren Maya, que de acuerdo a la ASF en su más reciente informe,  se detectaron 785 millones de pesos como daño al erario

De hecho, La ASF halló irregularidades por más de 32, 894 millones de pesos en la cuenta pública de 2022, de acuerdo a su último informe y en particular en desarrollo social hay un posible desfalco de 2,705 millones de pesos

Esta administración ha operado con inmensa opacidad en donde la Ley de Transparencia y el propio Inai se constituyen como estorbos engorrosos que son necesario desaparecer.

Los montos de las irregularidades representan una danza de cifras que, sin duda, dañan las finanzas públicas del país, ya por el desvió de recursos, como, en el mejor de los casos, en la inutilidad, en virtud de que los beneficiarios o los problemas a los que se supone atienden, se han recrudecido.

Cierto, en donde no hay transparencia y rendición de cuentas hay un caldo de cultivo para la corrupción.

Este es uno de los mayores retos que tendrá el nuevo gobierno ya sea que esté encabezado, incluso por Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, por lo que será necesario el rediseño de una nueva ingeniería en materia del gasto social que necesariamente tendrá que eliminar la mayoría de los programas de AMLO.

No es posible que, al carecer de reglas de operación claras en el otorgamiento y disposición de los recursos públicos, se sigan canalizando más de medio billón de pesos cada año a este pozo sin fondo y sujetos a niveles  insospechados de corrupción.

Para nadie es un secreto que el presupuesto de los gastos sociales se mueve con criterios políticos-electorales y merced a que buena parte de esos recursos se tienen que mover en efectivo porque la población  beneficiada carece de los instrumentos bancarios para recibirlos, aún con la existencia del Banco del Bienestar,  entonces, se explica la irregularidades de índole patrimonial que encontró la Auditoria Superior de la Federación.

El cash que se mueve el día de las elecciones, tiene su origen, en mucho de los casos, en estas partidas presupuestales.

La tan manoseada austeridad franciscana, supuesta bandera de la austeridad, que instrumentó este gobierno,  no fue otra cosa que suprimir programas, dependencias y fondos de contingencia para canalizarlos a los programas que tienen mayor opacidad en su ejercicio.