Una noticia buena y una mala para los ciudadanos que tienen asuntos pendientes en los juzgados de la Ciudad de México; la buena, reanudan labores los trabajadores del Poder Judicial a partir de hoy, luego  de 40 días de paro (lo que representó un mayor rezago de asuntos en los tribunales del orden de 1200 por día); la mala, es que abren tan solo una semana porque el 15 de julio salen de vacaciones, a menos que se solidaricen con la población y dejen sus días de asueto para otra ocasión.

Llama la atención que los trabajadores levanten el paro sin tener asegurado un incremento salarial y también se observa que Clara Brugada, Jefa del gobierno capitalino,  se resiste a otorgar los incrementos salariales con el pretexto de que no hay recursos para ello, aunque si tienen para otras cosas que no impactan en mejorar la calidad de vida de los chilangos, como aceitar la maquinaria electoral, precisamente para el acarreo a las urnas y la elaboración de acordeones.

El levantamiento del paro judicial en la capital del país no significa que el asunto ya esté zanjado y menos por la insensibilidad de  Brugada, lo que significa que en cualquier momento detonará  nuevamente el conflicto, sobre todo porque las cinco demandas de los trabajadores judiciales de la CMDX; basificación progresiva, aumento salarial no menor al 3 por ciento; nula aplicación de represalias por el paro; mesa de diálogo permanente y una auditoría independiente del presupuesto del Poder Judicial; siguen pendientes y por austeridad republicana y la nula voluntad política de Clarita, no hay posibilidad de que el problema se solucione en este año.

En los 40 días de paro se suspendieron 33 mil audiencias, se congelaron 252 mil “promociones” jurídicas y se afectaron a más de dos millones de personas, según cálculos del Poder Judicial capitalino.

Estamos a poco menos de dos meses para que tomen posesión los juzgadores que fueron electos en la farsa de la elección judicial, lo que significa que muchos de esos jueces empezarán su curva de aprendizaje con un cúmulo de expedientes y asuntos pendientes que rebasa  por mucho la capacidad de atención en los juzgados.

El colapso en los tribunales es de tal envergadura que, para ponerse al corriente, los trabajadores del Poder Judicial de la CDMX deben trabajar horas extras para desahogar los pendientes, y bueno esto es solo para atender el rezago, falta ponderar el sesgo que toman las resoluciones de los jueces, porque con las prisas y ante la montaña de pendientes, pues, se corre el riesgo que la impartición de justicia no se haga con criterios de imparcialidad y basados en el respeto irrestricto del estado de derecho.

El fin del paro de labores se alcanzó mediante la entrega de un bono extraordinario que se pagará en diciembre por única vez, de alrededor de 30 millones de pesos a distribuirse entre los trabajadores que menos ganan y la instalación de mesas de negociación para avanzar en revisión salarial del próximo año.

Los mismos trabajadores judiciales han reiterado que el sistema judicial capitalino está al borde del colapso por los años de rezago, simulación e improvisación y a ello hay que agregar que la austeridad republicana que impuso AMLO (y que no fue otra cosa que quitar presupuesto a las áreas torales de la administración pública de los tres niveles de gobierno para canalizarlo a sus obras faraónicas y el fondeo de los programas de asistencia social con tintes electorales) dejó a todo el aparato judicial sin los recursos humanos, económicos y materiales para cumplir con sus funciones.

El gobierno de la 4T está quebrado, no tiene liquidez y menos partidas extraordinarias para responder a emergencias o por lo menos a remediar, por ejemplo, rezagos salariales, el desabasto de medicamentos o, por decir lo menos,  la dotación de equipos de impresión e insumo de oficina para que las áreas de gobierno estén a la altura de la demanda ciudadana.

Con ingresos propios estancados y que crecen tan solo por los dientes afilados del SAT y en contraparte con un gasto creciente por el pago de los intereses de la deuda pública y por supuesto,  obras surgidas de la ocurrencia y el capricho;  el tiradero de dinero que representan los programas asistenciales y con funcionarios ineptos, pues, no hay forma de que México salga de la crisis económica y de seguridad que se agudizó desde 2018.

Veremos cómo se desactiva la bomba de tiempo que está en el Poder Judicial, no tan solo de la CDMX, sino de todas las entidades del país y por supuesto de los tribunales federales que vivirán una de sus etapas más álgidas de su historia a partir del 1 de septiembre próximo.