Señalamientos internos y de proveedores apuntan a que colaboradores cercanos a Zoé Robledo, director general del IMSS, como Alba Alejandra Santos Carrillo, director de Prestaciones Económicas y Sociales, y Rafael López Ocaña, entre otros funcionarios, habrían avalado procesos de licitación confeccionados a la medida de determinados proveedores de servicios subrogados. La mecánica, según denuncias, no es sofisticada: filtración de propuestas económicas de competidores para ajustar ofertas ganadoras o flexibilización indebida de requisitos técnicos.

El problema no es solo administrativo; es profundamente ético y legal. Cuando se manipulan licitaciones públicas o se recurren a adjudicaciones directas con criterios laxos, se traiciona el espíritu de competencia y transparencia que debe regir el uso de recursos públicos. Más grave aún, cuando en clara violación a lo que establece la Norma Oficial Mexicana (NOM) se relajan los mecanismos de control, se pone en riesgo la calidad de los insumos médicos y la profesionalización de los servicios contratados.

No se trata únicamente de cifras ni de contratos. Se trata de quirófanos equipados con tecnología adecuada, de diagnósticos certeros y de tratamientos oportunos; de ambulancias de última generación, de incubadoras digitales, entre otros insumos médicos.

 La revisión puntual de las últimas licitaciones y adjudicaciones en áreas sensibles como la Delegación Sur de la CDMX o Cardiología  sería un primer paso para enviar un mensaje claro: en el IMSS no puede haber espacio para trajes a la medida ni para proveedores favoritos.

La piedra angular del sistema de salud pública del País es el IMSS, en todas sus acepciones, y por ello, debe ser una institución modelo, tanto en sus procesos administrativos internos, como en estar a la altura de la enorme y creciente demanda que representa la atención social de más de 78 millones de mexicanos.

Con información de: Especial