El llamado derecho de las audiencias puede convertirse, bajo el control del poder político, en una peligrosa puerta de entrada a la censura. Y cuando un gobierno pretende asumir directa o indirectamente la facultad de determinar cómo deben informar los medios, cómo deben diferenciar información de opinión y cuáles son los límites de sus contenidos, entonces las luces de alarma de cualquier democracia deberían encenderse.

Las audiencias tienen derechos. Por supuesto que los tienen. El problema aparece cuando esos derechos son utilizados como pretexto para construir instrumentos que permitan al Estado convertirse en árbitro de la información.

¿Quién decidirá qué es información y qué es opinión? ¿Quién establecerá cuándo un comentario rebasa determinada frontera? ¿Quién calificará la objetividad, imparcialidad o veracidad de un contenido? Y, sobre todo, ¿quién impedirá que esas facultades sean utilizadas para castigar a los medios incómodos y premiar a los dóciles?

Ahí está el verdadero peligro.

Los gobiernos autoritarios rara vez anuncian que van a censurar. Generalmente construyen primero un andamiaje jurídico revestido de buenas intenciones: proteger derechos, combatir noticias falsas, democratizar la información, evitar abusos o defender a las audiencias. Después vienen las sanciones, las presiones administrativas y económicas y, finalmente, la censura.

México debe impedir que esa puerta siquiera se entreabra.

Porque si el oficialismo está tan preocupado por la calidad, veracidad y responsabilidad de la información que reciben los mexicanos, debería comenzar por aplicar esos principios en casa.

Las mañaneras son probablemente el espacio de comunicación política con mayor capacidad de penetración del país. Se realizan con recursos públicos, utilizan infraestructura del Estado y sus contenidos son reproducidos durante horas por medios tradicionales, plataformas digitales y redes sociales.

Por tanto, quienes las escuchan también son audiencias.

¿Por qué entonces los derechos que pretenden imponerse a los concesionarios no empiezan por respetarse escrupulosamente en la comunicación gubernamental?

Desde las mañaneras se mezclan información oficial, opinión política, propaganda, mentiras, ataques a opositores, descalificaciones contra periodistas y empresarios, interpretaciones partidistas y acusaciones que, en ocasiones, se lanzan sin que los señalados tengan oportunidad inmediata de responder desde esa misma tribuna.

Allí hay mucho trabajo para los defensores del derecho de las audiencias.

Si se pretende obligar a un conductor de radio o televisión a distinguir claramente cuándo informa y cuándo opina, habría que comenzar por colocar esa misma vara frente al micrófono presidencial.

¿O acaso los derechos de las audiencias solamente existen cuando conviene aplicarlos a los medios privados?

El gobierno no puede convertirse simultáneamente en productor de información, protagonista de la noticia, regulador de los medios y juez de quienes lo critican.

La democracia funciona exactamente al revés: son los medios y los ciudadanos quienes deben vigilar al gobierno, no el gobierno quien determine cómo deben vigilarlo.

Porque no existe democracia cuando un funcionario puede decidir cuál opinión es correcta.

Tampoco cuando el gobierno establece qué información merece difundirse o bajo qué criterios debe presentarse.

Mucho menos cuando semejante poder queda en manos de quienes diariamente participan en la batalla política.

La libertad de expresión existe precisamente para proteger la crítica, la investigación incómoda, la denuncia, la sátira, la opinión feroz y hasta las ideas que pueden parecernos equivocadas.

La respuesta frente a una mala opinión debe ser otra opinión. Frente a una información falsa, datos comprobables. Frente a un abuso, las leyes existentes. Nunca la censura.

El poder público debe entender además que la información pertenece a los ciudadanos, no al gobierno.

Los medios podrán equivocarse y los periodistas también. Para eso existen la crítica pública, el derecho de réplica, los tribunales y, sobre todo, la libertad que tiene cada ciudadano de cambiar de estación, canal, periódico o plataforma.

Por eso, si desde la 4T realmente quieren dignificar el derecho de las audiencias, tienen frente a ellos una extraordinaria oportunidad.

Que empiecen por las mañaneras.

Que documenten sus afirmaciones, separen propaganda de información institucional, respeten el derecho de réplica, corrijan públicamente los datos falsos o inexactos y terminen con la utilización de una plataforma financiada por todos los mexicanos para denostar a quienes piensan diferente.

La democracia mexicana costó décadas de lucha precisamente para desmontar aquel viejo régimen donde desde el poder se pretendía administrar la información, premiar a los medios amigos y castigar a los críticos, tal como ahora se hace.

Sería una tragedia regresar al mismo punto con otro nombre, otro partido y argumentos desgastados

Ya saquen las manos de los medios de comunicación, ahora corriendo a periodistas, luego, la censura y represión.