Tal vez más angustiados por cumplir en términos de tiempo un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un período de 20 días de duración del período ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados con 205 votos a favor y 168 en contra, la Ley General de Comunicación y su minuta fue enviada al Senado para su análisis y eventual aprobación.

El poder legislativo tiene prisa, es cierto, pero la verdad es que el documento aprobado no cumple con los criterios que la SCJN solicitó al poder legislativo en este tema, ya que la iniciativa aprobó una serie de criterios que precisan acciones de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y el hecho de que haya 168 votos en contra que deja mucho que desear en los argumentos esgrimidos que respaldaron el proyecto.

Aunque en descargo de los diputados, diremos que por la contienda electoral, pues resulta un milagro que han alcanzado un acuerdo para llevarla.

Hace aproximadamente un mes, en este espacio nos referimos al apremio que existe en el Congreso por atender un mandato del poder judicial en el sentido de emitir una ley reglamentaria de octavo del artículo 134 constitucional en materia de propaganda gubernamental y llamamos que en las bancadas parlamentarias existían coincidencias para acatar el resolutivo antes del plazo establecido, el 30 de abril del año en curso.

También llamamos la existencia de una colección respaldada por las bancadas del PRI, PVEM y Nueva Alianza, quienes en conjunto solo legisladores hacen más simple y que lo ponen en marcha al desechar seis iniciativas de los grupos opositores

Diputados del PAN, Morena, PRD, MC y PES que cuestionaron que la Corte ordene al Congreso emitir una ley de publicidad gubernamental y no de comunicación social, y que en la propuesta aprobada no impuso un límite de gasto ni un porcentaje máximo para no un grupo reducido de medios

Incluso, Jorge Álvarez Máynez, de la bancada del Movimiento Ciudadano, bautizó la minuta como #LeyChayote, por considerar que la nueva ley no regula el gasto gubernamental en materia de publicidad y por el contrario se abren espacios para el uso a discreción de estas partidas presupuestales.

Por la fracción de los diputados del PRI, Arturo Huicochea afirmó que en la elaboración de esta ley se tomó la cuenta en las elecciones sociales y las opciones de todos los partidos políticos, en tanto que Mercedes Guillén, presidenta de la Comisión de Gobernación, dijo que con esa ley ya está dando cumplimiento a una sentencia judicial.

Ya hay una ley, la mayoría legisladora y el visto bueno, y de esta manera, aunque a medias, al requerimiento de la SCJN. El problema es que ahora es el Senado quien determina si avala o no lo aprobado para la colegisladora, y si como que se asegura que los mismos integrantes de la Cámara Alta están de acuerdo con esa minuta, lo más seguro es que está en los próximos días la discusión se atore en la pileta de Poncio Pilatos. Es decir, todos se lavaran las manos para evadir su responsabilidad.

En cualquiera de los casos no existe mal que los senadores resuelvan algunos puntos torales de la Ley; Precisar los porcentajes en el gasto público de los rubros destinados a la propaganda gubernamental; que no se utilizan como mecanismos de presión sobre los medios de comunicación y periodistas; que favorezca la libertad de expresión; que la publicidad no mar para campañas personalizadas o que favorezcan a un partido político, entre otros puntos que lo hagan, y que no lo hagan más seguro que el próximo round de este debate ya no mar entre sus pares, sino en el ring de los magistrados de la SCJN.