Sería una sorpresa si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificara la constancia de mayoría como gobernadora electa a favor de la panista Martha Erika Alonso Hidalgo, cuando el mismo magistrado, José Luis Vargas hizo público el proyecto de sentencia en el que propone la anulación de la elección en Puebla.
La revelación del proyecto de nulidad del magistrado Vargas conlleva diversas implicaciones, desde la violación a la normativa vigente en torno a la secrecía de las resoluciones, hasta el de congraciarse con los legisladores de Morena que hace unos días pidieron su remoción; pasando por una simulación, ya que al hacer pública su postura estaría presionando a la Sala Superior del TEPJF para que voten en contra y con ello quedar bien con su padrino político, el senador Rafael Moreno Valle.
Esta última hipótesis parece descabellada, lo cierto es que ante lo que parece inminente la cancelación de la elecciones de Puebla, los cinco partidos políticos que conformaron la coalición Por Puebla al Frente, hicieron un llamado a la autoridad electoral para que se enfoque en el fondo del problema y respete la voluntad legal, legítima, expresada en las urnas, por los poblanos.
Sería una verdadera sorpresa, aunque abonaría a la credibilidad de Tribunal Electoral, que dieran el triunfo a Martha Erika Alonso, sin embargo, como están las cosas en el país, los panistas y aliados, tendrán que rumiar su dolor en otra parte.
El tribunal Electoral que comanda Janine Otálora Malassis, ha dado pruebas fehacientes que los dados los ha cargado en favor de Morena, tan solo bastaría recordar la resolución sobre el Fideicomiso creado por ese partido denominado “Por los Demás”, en la cual la Sala Superior consideró que la investigación realizada por el INE no fue exhaustiva, porque no se agotó la línea de investigación y que las diligencias realizadas por la autoridad no fueron suficientes ya que no derivaron en una investigación integral de los hechos. En particular, la autoridad debió haber solicitado la colaboración de las instituciones bancarias y hacendarias, así como instaurar procedimientos sancionadores correspondientes, para determinar la identidad de los aportantes al fideicomiso.
Abundamos en la resolución porque efectivamente es una joya de parcialidad. El Pleno señaló que no existe nexo causal entre el sujeto responsable por los hechos supuestamente violatorios de la normatividad electoral, léase Morena, y determinación de un beneficio que este hubiese obtenido de la actividad ilícita. Es decir, en el caso, era necesario demostrar un beneficio político-electoral a Morena, por lo que los magistrados consideraron que, ante la ausencia de hechos irregulares probados y conexión entre ellos y el partido, la autoridad debió respetar la presunción de inocencia a favor de Movimiento Regeneración Nacional.
“En consecuencia, al no haberse acreditado su responsabilidad directa o indirecta por la creación y operación del fideicomiso, se revoca la resolución impugnada y con ello, la sanción impuesta por el INE al partido Morena.
Y cuando todos esperaban que el Tribunal Electoral devolviera la resolución al INE para que ampliara y profundizara las indagatorias, pues sorpresa, decidieron los magistrados cortar por lo sano, y dar por concluido el asunto.
Escribíamos el pasado 5 de septiembre que por el bien de la nación y la consolidación de la incipiente democracia mexicana, así como de las propias instituciones, es vital que el Tribunal Electoral actúe conforme a derecho en el caso de Puebla y no como comparsa de un nuevo gobierno que ya tiene bajo su égida al poder legislativo y poco le falta para que haga lo propio con ellos.
Dice Janine Otálora que le preocupa la extrema judicialización de las elecciones, cuando la propia Sala Superior es la que ha dado victorias en los tribunales, dejando sin efecto la voluntad mayoritaria, expresada en las urnas.
