Con los sucesos violentos ocurridos en Michoacán en donde caravanas conformadas por vehículos del crimen organizado entran a poblaciones y retoman el control, sometiendo y vejando a elementos del ejército mexicano, se confirma, como si hiciera falta, que además de la inoperatividad del gobierno en diversos campos como el de la salud, energía y medio ambiente, la inseguridad se recrudece a niveles inéditos.

Por ello, desde San Lázaro los diversos grupos parlamentarios apuraron el proceso legislativo para aprobar las leyes secundarias y con ello apoyar la estrategia de López Obrador en el combate a la delincuencia que a decir de muchos es insuficiente, toda vez que además de atacar con medidas de fondo que contemplan el aspecto preventivo, el problema se debe abandonar el discurso de tender un puente dorado de paz a los grupos criminales.

El grupo parlamentario del PAN externó su apoyo total a la Guardia Nacional en la aprobación de sus cuatro leyes secundarias, ya que no le regatean su apoyo a este gobierno para ir ofrecer seguridad a las familias mexicanas, dijo su coordinador, Juan Carlos Romero Hicks.

Advirtió que  más allá de este avance, su bancada será vigilante de su implementación, “no daremos un cheque en blanco al gobierno ni permitirles violaciones a los derechos humanos de la población”.

El proyecto original de las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional fue modificado en un 70 por ciento con las aportaciones de la sociedad civil y de la ONU con el fin de terminar el grave problema de la inseguridad pública, principal causa de descomposición social en México.

Explicó que la Ley de la Guardia Nacional establece con claridad que el mando operativo reside en un comandante que deberá estar funcionando separado de cualquier institución armada, quedando adscrito y sujeto, sin restricciones ni condiciones, a la disciplina, fuero civil y a la cadena de mando, propios de la Guardia Nacional.

A su vez la Ley Nacional del Uso de la Fuerza incorporará en sus contenidos los protocolos de actuación, la escala y los grados de utilización de la fuerza por parte de sus efectivos, a fin de que estos sepan de forma clara cómo actuar a cada situación.

En tanto que la Ley Nacional del Registro de Detenciones determina que los integrantes de las instituciones de seguridad pública que lleven a cabo una detención, deberán realizar el registro de inmediato y en el momento en que la persona se encuentre bajo su custodia.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública obligará a operar con eficiencia, eficacia y transparencia, conjuntando todas las bases de datos de detenciones, armamento, equipo personal de seguridad pública, así como las medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, con las bases de datos de los Ministerios Públicos y de las instituciones policiales de estos tres órdenes de gobierno.

Romer Hicks recordó que de inicio quedó salvaguardado el mando civil en las cuatro leyes reglamentarias con la separación total de cualquier relación de las fuerzas armadas para todos los mandos de Guardia Nacional, cumpliendo así lo aprobado por el constituyente permanente.

“Apenas tenemos el primer tramo la estrategia. Los diputados del PAN pusimos nuestra parte y dimos muestras de colaboración, ahora le tocará la Ejecutivo Federal convocar a todos para contribuir a la buena marcha de este nuevo organismo, no puede seguir con su discurso de división y denostación a los contrarios”, advirtió el legislador panista.