De las noticias de la semana, no hay que perder de vista dos acciones que tienen que ver con el nuevo papel que juega el poder legislativo y que no se puede hablar de otra manera más que sus integrantes son sumisos y al mismo tiempo gandallas.
Con el nombramiento del nuevo encargado de las directrices en materia de la hacienda pública, lo que se vio es que desde el Ejecutivo se les dio una orden y no una propuesta, ya que, según facultades adquiridas en la reforma política electoral de 2014 “La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta de manera exclusiva a la Cámara de Diputados para ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo en materia de Hacienda”.
Entonces, más allá de que se evitó generar un vacío en la cabeza directriz de esa dependencia, lo que debió haber sucedido, para guardar las formas, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pudo haber especificado que ante la renuncia de su subordinado proponía como sustituto a Arturo Herrera, y dejar que el legislativo finiquitara el trámite, en el entendido de que la mayoría parlamentaria es afín al gobierno en turno y por ende transitaría el nombramiento sin mayor problema.
Por si ese avasallamiento al legislativo no fuera poco, desde Baja California, los congresistas locales se fueron de bruces con una resolución que jurídicamente no tiene ni pies ni cabeza y que, por el proceder, pareciera que acataron una orden y el rumor es que esa orden es de “muy arriba”, donde ilegalmente alargan el periodo de gobierno para el que fue electo el gobernador Jaime Bonilla, de 2 a 5 años.
Los de Baja California de antemano sabían que la elección de junio pasado era atípica ya que para homologar este proceso a las elecciones federales, en 2014 se hicieron modificaciones a la constitución local par que “el gobernador electo sólo dure un periodo de dos años, por lo que iniciará funciones el 1 de Noviembre de 2019 y concluirá el 31 de Octubre del 2021”.
Eso es lo que se votó, nadie puede decirse engañado. Y, en su caso, las leyes no pueden hacerse a la medida de alguien en particular, pero si el legislativo local quiere hacer modificaciones estas se deben plantear para los siguientes procesos, más no para un proceso que ya se legitimó mediante el voto.
No hay duda, en el nombramiento de Arturo Herrera los diputados federales fueron ninguneados por el Ejecutivo federal y en sesión extraordinaria lo único que van a hacer es levantar la mano para cumplir con el trámite, más sumisión no puede haber. Y lo de Baja California, pues no hay mucho que agregar, pero retomamos las palabras de Cuauhtémoc Cárdenas, el líder histórico de las llamadas izquierdas políticas, quien escribió un mensaje en Tuit, el cual no requiere ninguna explicación o interpretación: “El Congreso de Baja California ha decidido vulnerar orden republicano y democrático. Ofende inteligencia, cae en ilegalidad y pierde total legitimidad al prolongar de 2 a 5 años el mandato del gobernador electo”.
Así las cosas en el legislativo, agachones y gandallas.