Lo que ocurre en Baja California es grave, gravísimo.

En las elecciones del 2 de junio pasado se eligió al gobernador que encabezaría la entidad por un periodo de dos años, del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 202, sin posibilidad de reelegirse en ningún caso. Así se establecía en el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 del estado de Baja California, en el que se estableció el periodo de gobierno del mandatario estatal que sería elegido el 2 de junio.

Previo a la elección hubo un intento por modificar lo establecido en el artículo Octavo Transitorio, para que el gobierno que inicia en noviembre tuviera una duración de seis años en vez de dos, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó abajo la intención de modificar la ley y ratificó la validez del estatuto legal vigente, con lo que la elección fue para un periodo de dos años.

La elección fue ganada, contundentemente, por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia -conformada por Morena, el PT, el Partido Verde y el Partido local Transformemos-, Jaime Bonilla Valdez, quien obtuvo 50.38% de la votación. Ahora, ya pasada la elección, la mayoría panista en el saliente Congreso local, con el apoyo de los diputados de Morena y del PRI, aprobó cambiar la Constitución local para que el periodo de gobierno Jaime Bonilla sea de cinco años y no de dos.

Se supondría que esa cochinada no sería bien vista por el Gobierno Federal ni por la dirigencia nacional de Morena, quienes abanderan un supuesto combate a la corrupción y pregonan que no son iguales a los gobiernos anteriores. Sin embargo, nuevamente la realidad nos deja ver que en materia de legalidad, de democracia y de prácticas autoritarias, México regresó a los años setentas en la elección del 1 de julio de 2018. No, no son iguales; son peores.

Es previsible que la acción concertada en favor de Jaime Bonilla sea echada abajo por la Suprema Corte, aunque hasta ahora no hay ningún recurso interpuesto.

Sin embargo, Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya fijaron sus posturas y es previsible que defiendan la reforma constitucional estatal para que el amigo Jaime Bonilla gobierne no dos, sino cinco años. Faltaba más.

El presidente López Obrador bateó el tema (macaneó, diría él), y afirmó que “eso lo tienen que resolver las instancias competentes, en este caso el Tribunal Electoral, y ya hay denuncias, y que se resuelva”. No sólo mostró su ignorancia sobre el entramado legal del país, al afirmar que el tema es materia del Tribunal Electoral, sino que evitó meterse cuando en otras oportunidades, sin importarle la división de Poderes, sí ha manifestado su intención de inmiscuirse en diversos asuntos que caen en el ámbito de la Suprema Corte, por ejemplo, o de los órganos constitucionales autónomos, a los cuales se ha cansado de golpear (macanear, también diría).

Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, aplaudió la reforma para ampliar de dos a cinco años el gobierno de Jaime Bonilla. Le pareció una acción sensata, lo que más le conviene a Baja California. No extraña la posición tomada por Polevnsky, pues la dirigente morenista no se ha destacado por apoyar la moral y la decencia política. Si así fuera, habría impedido la participación de Miguel Barbosa en las elecciones extraordinarias en Puebla de este año, en las que por moral y decencia política no debió haberse presentado.

Con la mentira en la mano, Yeidckol Polevnsky llegó a afirmar, incluso, que cuando registraron a Jaime Bonilla para la elección de este año “el registro estaba para seis años”.

La reforma constitucional en Baja California, estamos seguros, tendrá la oposición de mentes lúcidas. Quizás termine imponiéndose y Jaime Bonilla termine gobernando cinco años, lo que atropellaría la voluntad ciudadana, lesionaría gravemente la democracia en el país y sentaría un grave, gravísimo precedente para nuestra vida republicana y democrática.

Cuauhtémoc Cárdenas, tres veces candidato a la Presidencia de la República y una de las voces más influyentes de la izquierda mexicana, se pronunció en contra de la reforma constitucional en Baja California, a la que calificó como un “albazo legislativo” en el que “21 diputados locales -muy probablemente debidamente aceitados ($$)- votaron la prolongación de dos a cinco años del mandato del gobernador electo”.

“Resulta un fuerte insulto a la inteligencia que los 21 diputados quieran hacer a todo mundo creer que han actuado por el bien de sus representados. Si esta reforma llega a cobrar vigencia, en teoría sólo hay un beneficiado: el senador con licencia Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California. Aunque, claro, no puede sino pensarse (¿será?) que los 21 diputados son beneficiarios igualmente al haberse llenado ya manos y bolsillos”, escribió en un artículo para el periódico La Jornada.

Afirmó que si hubiese moral y no estuviese detrás de la maniobra, el senador con licencia y gobernador electo Jaime Bonilla debería “declarar públicamente su rechazo a la reforma, y su compromiso de cumplir el periodo de dos años para el que fue elegido. Ni un día más”.

También sugirió que el Senado de la República debe intervenir “para restablecer el orden republicano y democrático en Baja California”.

“Si esta reforma que amplía el mandato de un gobernador no se echa abajo, tanto en la ley como en la práctica se estaría creando un grave antecedente para nuestra vida republicana y democrática. ¿Por qué no suponer que el Congreso de la Unión pudiera pensar en una reforma constitucional que facultara a los congresos de todas las entidades federativas y a sí mismo para alargar o acortar mandatos de funcionarios electos en cualquier momento, en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial?”, remató.

En este último párrafo, el ingeniero Cárdenas pone el dedo en la llaga y revive un tema que va a rondar por Palacio Nacional hasta el 2024, y es el de las posibles intenciones reeleccionistas de López Obrador.

El propio presidente tiene la oportunidad de acallar los rumores manifestándose en contra de esta reforma en Baja California, o de avivarlos apoyándola o fingiendo no mostrar interés en ella.