La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) transita por tiempos aciagos en los cuales su propio destino como institución está en entredicho. De hecho ya desde el senado se prepara su desaparición para dar paso al engendro denominado la Defensoría del Pueblo.
Más allá del relevo de Luis Raúl González Pérez en la presidencia de la CNDH que tendrá que llevarse a cabo en noviembre, prevalece el rechazo del presidente López Obrador a ese organismo a quien lo han vilipendiado a más no poder con la finalidad, primero de quitarle piedras en el camino a la 4T y luego, terminar con los contrapesos que se han manifestado en contra de los excesos del poder Ejecutivo, en este caso, en el tema de derechos humanos.
Los desencuentros más evidentes entre AMLO y la CNDH son producto de acciones gubernamentales que no han tenido el soporte legal adecuado para su cristalización, como la Ley de Remuneraciones, la Guardia Nacional e incluso las estancias infantiles.
Para el actual gobierno, la recomendaciones de la CNDH son letra muerta, ya que además de no acatarlas, han servido para exacerbar el ánimo presidencial, por lo que los ataques de sus colaboradores han ido en aumento.
Habría que recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es calificada por la ONU dentro de la más consolidada del mundo, aparte de que las organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional ya expresaron su preocupación por el sesgo que está tomando el desencuentro con el presidente de México.
“La CNDH no tiene calidad moral” y con esta frase lapidaria se soltó la jauría para ir sobre una presa que es muy vulnerable.
Para Emilio Álvarez de Icaza el conflicto existente surge de López Obrador. Él debe respetar el compromiso institucional, político y ético de atender los derechos humanos, agregaría yo, con un organismo independiente al Ejecutivo y no, con uno que dependa de él, como ocurre con el área de la Segob, encargada del tema o una Defensoría del Pueblo que solo servirá para rendirle honores al presidente.
Si queremos que en nuestro país prevalezca la CNDH debe darse una corriente de opinión a favor de ello para que la recoja el Congreso, particularmente el senado y a partir de ello, impedirlo.
Es otra tarea para el bloque opositor de la cámara alta conformado por el PAN, PRI, MC y PRD, quienes cuando se aglutinan en torno a una causa, han demostrado que son un auténtico contrapeso.
En estos tiempos en donde se quiere imponer el poder hegemónico soportado por la militarización del país, se necesita cuidar las instituciones que acoten al presidencialismo, como la propia CNDH.
Por ello, es menester defenderla y si bien es cierto que necesita un adelgazamiento del aparato burocrático, también es una realidad que se necesita preservarla con solidez e independencia.
Estos dos atributos son vitales para que cumpla con su función de ser garante de los derechos fundamentales del hombre, al tiempo de contener y sancionar los excesos del poder público.
Lejos de exterminar a la CNDH, se debe consolidarla y darle dientes para que su ejercicio sea punitivo. Claro para el presidente esta idea sonará absurda, pero valdría la pena dar la pelea en aras de las libertades y derechos humanos.