En días recientes ha circulado una versión que señala que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, renunciaría a su cargo. Después de atestiguar la dimisión de Carlos Urzúa como titular de la Secretaría de Hacienda, antecedida por la de Germán Martínez al IMSS y de Josefa González Blanco Ortiz Mena a la Semarnat, no sorprendería que la ex ministra de la Suprema Corte decidiera abandonar el gabinete lopezobradorista para regresar a su escaño en el Senado de la República, al que pidió licencia para asumir como Secretaria de Gobernación.

Esa versión que la ubica fuera del gabinete no es descabellada. En realidad, su regreso al Senado es algo que ocurrirá tarde o temprano, y lo mejor para ella es que ocurra pronto para dejar de ser un florero en la SEGOB.

La ex ministra de la Corte no actúa en Gobernación. Sólo atestigua y acata, y cada vez es más frecuente que acciones del que debería ser su equipo la dejen mal parada.

En el más reciente ejemplo, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, se refirió al conflicto desatado en Baja California por la pretensión del gobernador electo, Jaime Bonilla, de aumentar tres años a su mandato. El subsecretario, que depende de la ex ministra Sánchez Cordero, aseguró que la reforma a la Constitución local de Baja California “no transgrede ningún principio constitucional” porque en la boleta no se señala la vigencia del gobierno sino sólo a los candidatos y a los partidos. Añadió que la naturaleza de la reforma fue para que la alternancia “tuviera un profundo cambio de régimen y no de gobierno”. Remató: “bien vale la pena profundizar y no agraviar más a un pueblo que eligió la justicia por encima del poder”.

A su vez, la secretaria Sánchez Cordero considera que la reforma que amplía de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla es inconstitucional. Es un tema en el que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha evitado manifestarse, y ha evadido fijar una posición del Gobierno Federal.

Habrá quienes al interior de la mal llamada 4T argumenten que los funcionarios tienen libertad para expresar sus opiniones. Eso no está a discusión. El problema es que la titular de la SEGOB y el segundo de a bordo en la dependencia tienen criterios diferentes sobre un tema que está generando mucha controversia, y lo menos que se les pide a los integrantes del gabinete es que no manden señales encontradas.

Pero además, que el subsecretario salga a esgrimir argumentos que se oponen a los criterios de su jefa, la deja a ella mal parada y deja ver que no se le tiene ninguna consideración. Un florero, pues.

A Olga Sánchez Cordero la han dejado para manejar una Secretaría de Gobernación más administrativa que ejecutiva. Desde hace un año, en julio de 2018, el en ese entonces electo presidente López Obrador decidió que el área de derechos humanos en la SEGOB sería responsabilidad de Alejandro Encinas. El tema de derechos humanos sólo pasa administrativamente por las manos de doña Olga, pues a todas luces Encinas acuerda directamente con López Obrador.

Además, después del reciente affaire con Estados Unidos, López Obrador le transfirió de facto el tema migratorio al canciller Marcelo Ebrard, cuando es una función que recae en la Secretaría de Gobernación. Incluso, ante la renuncia de Tonatiuh Guillén al Instituto Nacional de Migración, López Obrador optó por colocar en esa posición a un incondicional y hombre de todas sus confianzas: Francisco Garduño.

La migración ya no es tampoco, de facto, un tema de Gobernación. Ahora es un tema que compete a Garduño y a Ebrard.

En breve, López Obrador y los suyos saldrán a festejar que México ha cumplido los “acuerdos” migratorios que se establecieron con el gobierno de Donald Trump. En esa fiesta, Sánchez Cordero no será protagonista y no se le reconocerá ningún logro. El festejado será Ebrard, quien se llevará todas las palmas. Ahí también, la ex ministra será sólo un florero.