El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene frente a sí dos asuntos relacionados con el gobierno de Estados Unidos. En ambos, México tiene mucho qué perder si no se manejan con inteligencia y mano izquierda. En ambos, el lopezobradorismo está entrampado entre aplicar el sentido común o mantener a rajatabla sus dogmas y hacer creer que actúa en función de lo mejor para el país. Al presidente López Obrador le urge entender cómo se mueven Donald Trump y la política estadunidense, si quiere mantener una imagen digna en lo que resta de su mandato.
En el primer tema, el gobierno mexicano ya se exhibió como dispuesto a acatar felizmente las indicaciones que el gobierno de Trump le dé. México está convertido hoy en un “tercer país seguro” de facto y ha logrado reducir el flujo de ingreso de migrantes centroamericanos por la frontera sur a México, y el ingreso a Estados Unidos de indocumentados desde nuestro país.
Con ello, el gobierno de López Obrador se ha ganado las estrellitas en la frente impuestas por Donald Trump, y ha sido merecedor de diversas menciones en las que se le reconoce el trabajo hecho para evitar que más indocumentados lleguen a Estados Unidos. En pocas palabras, el gobierno de México le hace el trabajo sucio a Trump, y de paso le entrega argumentos que el presidente estadunidense utilizará para catapultar su reelección el próximo año.
En todo esto, el gobierno de México pierde, pues se muestra débil ante los Estados Unidos y dispuesto a plegarse a las imposiciones de Donald Trump, de una manera vergonzosa, modificando la política migratoria del país mediante arbitrarias detenciones de migrantes. El presidente López Obrador, tan obsesionado con la historia y en cómo pasará él a los libros texto, busca afanosamente crearse una imagen de buen vecino con Estados Unidos. En la realidad, Trump se siente cómodo con él, pues ya le tomó la medida y sabe que López Obrador se doblará ante cualquier amenaza.
En el otro tema que tiene que ver con Estados Unidos, López Obrador se ha dejado llevar por las versiones mentirosas y mal intencionadas que le ha vendido Manuel Bartlett. El actual director de la Comisión Federal de Electricidad ha convencido a López Obrador de que la CFE debe anular un contrato establecido con la empresa IEnova, filial de la gasera estadunidense Sempra, por un ducto que ya está construido en nuestro país y que la empresa energética mexicana está usando para tratar de renegociar el contrato.
López Obrador le está prestando oídos a Bartlett, sin tomar en cuenta las graves consecuencias que puede tener tomar las acciones que ha propuesto el director de la CFE. Si la CFE se va al arbitraje internacional por este asunto simplemente va a perder.
Uno de los argumentos mexicanos para llegar a un nuevo acuerdo por el tema del ducto es que “las tarifas están por las nubes”. En este tema, el presidente está a punto de poner a su gobierno contra la pared, pues en Washington empiezan a mostrar nerviosismo.
Además, López Obrador parece no entender cómo se mueve la política en Estados Unidos. Nancy Pelosi, lideresa de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, es de California, donde la empresa Sempra tiene su sede. Ella apoyará a la empresa estadunidense por encima de cualquier cosa, y ello incluye el retraso de la aprobación en Estados Unidos del T-MEC. Hay antecedentes: La empresa Sempra acudió a la senadora Dianne Feinstein para quejarse de que el gobierno de Enrique Peña Nieto la estaba chantajeando. El asunto llegó hasta la oficina de Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado, quien intervino para que cesaran esas prácticas.
Nadie con un poco de sentido común dudaría que en esta ocasión Sempra acuda nuevamente a instancias políticas de su país para ejercer presión al gobierno mexicano. De ocurrir así, ¿qué hará el presidente? ¿se mantendrá firme para defender los intereses nacionales, o -como ya lo hizo en el caso de la migración- doblará las manos ante amenazas del gobierno estadunidense y cederá?
El tema se tocó ligeramente en la reunión que tuvieron en México el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo. La Secretaría de Relaciones Exteriores no informó de ello, pero Pompeo se llevó la impresión de que el tema se resolvería conforme a derecho.
Un litigio de este tipo afectaría las inversiones en México, repercutiría en el desarrollo y el crecimiento económico, y dañaría sensiblemente la reputación de nuestro país. Esto no lo ha entendido Bartlett. De hecho, el problema es que, al parecer, ni siquiera ha entendido el contrato. La razón está del lado de Carlos Urzúa, quien en su carta de renuncia a la Secretaría de Hacienda hizo notar que Bartlett no entiende lo que es el concepto del valor presente. ¿Lo entenderá López Obrador?