Difícilmente se podría tener un nombre mejor para la llamada “Ley Garrote” que en el Congreso de Tabasco se acaba de aprobar. Es el mejor nombre que se le podría adjudicar a un ordenamiento legal que tiene toda la intención de reprimir a quien se manifieste en contra de la construcción de una obra pública o privada.

La “Ley Garrote” tiene dedicatoria: va dirigida para aquellos que osen manifestarse en contra de la construcción de la refinería Dos Bocas, en el municipio de Paraíso. Quien intente oponerse en manifestación en contra de esa obra, o de cualquier otra en Tabasco, donde el Congreso local aprobó este lunes una reforma a diversos artículos del Código Penal para castigar con pena de hasta 20 años de cárcel a quienes extorsionen y bloqueen la construcción de obras públicas y privadas.

La “Ley Garrote” ha sido apoyada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien justifica el ordenamiento legal afirmando que “se estaba abusando, había extorsiones, corrupción, y era necesario poner orden”.

La propia dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, no muy ducha a la hora de hacer declaraciones a la prensa, afirmó que la reforma al Código Penal de Tabasco es para evitar chantajes y sabotajes contra el proyecto de la refinería de Dos Bocas. “Las manifestaciones son sagradas, pero se ha querido manipular para generar un movimiento en contra de Dos Bocas. Esta ley es para evitar chantajes y sabotajes”, resaltó en una conferencia de prensa.

Esta nueva acción legal de la llamada 4T se suma a lo que el propio presidente ha llamado como “sabotaje legal” -que el secretario de Turismo ha dicho llevan a cabo integrantes del “cartel de los ampareros”- al referirse a quienes han interpuesto amparos en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

Vamos por partes. Con la “Ley Garrote” se penalizan conductas que pueden ser expresiones legítimas de derechos, como el de la libre manifestación. Con la aprobación y el respaldo a esta ley, el gobierno de Tabasco y el gobierno federal pretenden erigirse en guías morales del derecho. Es decir, para el lopezobradorismo, los derechos y sus instrumentos de protección -como los amparos- son moralmente buenos si acompañan los propósitos del gobierno, pero son indebidos si los confrontan u obstaculizan. Eso es la moralización del derecho.

El gobierno de Tabasco quiere quedar bien con el presidente, y garantizarle que la autoridad local no va a parar en recursos legales para llevar a buen término la construcción de la refinería de Dos Bocas. Por su parte, López Obrador ve con buenos ojos la acción legal, y le manifiesta todo su respaldo.

Quien quiera ocultar el verdadero motivo para impulsar estas reformas al Código Penal no debe perder de vista que en 2017 y 2018 la construcción local en Tabasco tuvo un débil crecimiento y se contrajo en más de 2 por ciento, de acuerdo con el INEGI. Es decir, en esos años hubo poca obra pública y privada en la entidad, por lo que no se recuerdan tomas o manifestaciones que las impidieran.

La “Ley Garrote” más bien obedece a la intención de evitar conductas que se dieron en los años setenta y ochenta por el boom petrolero en la entidad, de lo cual conoce bien el hoy presidente. Pero lo que es claro es que no se puede combatir una acción ilegal con una ilegalidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá manifestarse sobre este tema y es probable que presente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá anular parte del contenido de la “Ley Garrote”.

El presidente no quiere oposición para Dos Bocas, y deja ver su vena autoritaria. Después, desde el púlpito matinal llamará conservadores, neoliberales y corruptos a quienes se opongan a la “Ley Garrote”. Es la retórica de la 4T, me canso ganso.