Octubre 2024

15 Abril, 2026

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Miércoles, 06 Noviembre 2024 07:14

De Cinco Estrellas. Ámsterdam-Cancún con KLM durante la temporada invernal. Por: Victoria González Prado

La ruta Ámsterdam Cancún de KLM con tres clases de servicio a bordo (World Business Class, Premium Comfort y Economy) operará durante la temporada invernal

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Martes, 05 Noviembre 2024 11:52

Desde San Lázaro. Ay nanita. Por : Alejo Sánchez Cano

En lo particular, coincido que será muy diferente la relación entre ambos países si gana Donald Trump

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Lunes, 04 Noviembre 2024 11:08

GP de Brasil - Simply Lovely. Por: Arturo Cardeño Gama

Brasil fue testigo de una de las carreras más caóticas y entretenidas de toda la temporada

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Lunes, 04 Noviembre 2024 10:59

De Cinco Estrellas. ¡Sorpresa!: en el restaurante Almara hallamos la cocina Mexi-terránea. Por: Victoria González Prado

¡Ah, bárbaro! Es la mejor expresión que me vino mentalmente tras saborear guisos “A base de mucho aceite de olivo”

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Lunes, 04 Noviembre 2024 10:55

Como veo, doy. Con Kamala Harris o Donald Trump, que México gane en su agenda bilateral. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

Kamala Harris y Donald Trump llegan a su cita con la historia electoral en un escenario de empate técnico

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Lunes, 04 Noviembre 2024 10:40

Desde San Lázaro. Es Kamala. Por: Alejo Sánchez Cano.

En los estados considerados visagra, en donde se decide la elección, el tema del aborto también ha inclinado la balanza en favor de Kamala Harris

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Viernes, 01 Noviembre 2024 07:50

GP de Brasil - Todo o nada. Por: Arturo Cardeño Gama

McLaren a pesar de ser el equipo líder del momento, tampoco es el más fuerte

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Viernes, 01 Noviembre 2024 07:45

De Cinco Estrellas. El hotel boutique en San Miguel de Allende, Casa Hoyos, listo para rendir homenaje al Día de Muertos. Por: Victoria González Prado

El hotel boutique en San Miguel de Allende, Casa Hoyos, está listo para rendir homenaje al Día de Muertos

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Viernes, 01 Noviembre 2024 07:40

Desde San Lázaro. Una digna corte de ocho ministros. Por: Alejo Sánchez Cano

La historia pone a su lugar a cada quien y ello ocurrirá sin falta en el futuro

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ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.