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18 Abril, 2026

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Va por México no se ‘raja’: PRI, PAN y PRD van juntos en 2023 y 2024

31 Ago 2022

495 veces

Dirigentes nacionales y líderes parlamentarios del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados aseguraron que la coalición Va por México “se mantendrá” y que “insistirán en lograr acuerdos” para la definición de sus candidatos en 2023 y 2024

Corcholatas del PAN rumbo a 2024: Zepeda va por la presidencia; Mauricio Kuri la piensa

31 Ago 2022

486 veces

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, dice que su compromiso por la entidad es primero, pero no cierra la puerta a buscar una postulación futura a la presidencia de México

Pablo Daniel Taddei será director de Litio para México, informa AMLO

31 Ago 2022

478 veces

El ingeniero Pablo Daniel Taddei, hijo del delegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora, Jorge Taddei, será el director General de Litio para México, anunció este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador

AMLO reconoce que hubo un incremento en el costo de la refinería de Dos Bocas; esta es la razón

30 Ago 2022

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Cuestionado sobre este tema en la conferencia matutina, el mandatario pidió a los mexicanos estar tranquilos, ya que, aunque sí hubo un sobrecosto, no hubo corrupción en el proceso de construcción de la nueva refinería, que procesará 340 mil barriles diarios de petróleo crudo

López-Gatell invita a participar en la fase final de la vacuna Patria; estos son los requisitos

30 Ago 2022

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El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell invitó a la ciudadanía a participar en el ensayo clínico final de la vacuna ‘Patria’, desarrollada en México para combatir el virus SARS-CoV-2

Respaldo a 4T es de ‘los no contemplados’: Luis Miguel Martínez

30 Ago 2022

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Desde la Feria Internacional del Libro del Estado de México, indicó que el mismo respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador está en la esencia de lo que las estructuras no contemplaron”

Relevo en la SEP tiene fecha: Leticia Ramírez asume cargo el 1 de septiembre

29 Ago 2022

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Leticia Ramírez Amaya tomará la titularidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el próximo jueves 1 de septiembre, días después del inicio del ciclo escolar 2022-2023, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador

‘No es una ocurrencia’, dice Delfina Gómez sobre críticas a nuevo plan de estudios

29 Ago 2022

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Delfina Gómez, aún secretaria de Educación Pública (SEP), salió a la defensa del Nuevo Plan de Estudios de Educación Básica, -que arrancará su prueba piloto a partir de octubre de 2022 en 30 escuelas por estado- y afirmó que “no es una ocurrencia”

Regreso a clases presenciales 2022: Nuevo plan de estudios y titular de la SEP

29 Ago 2022

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El documento, publicado el 19 de agosto en el Diario Oficial de la Federación, iniciará de forma piloto en 960 escuelas públicas y privadas, 30 aproximadamente por cada entidad, y aplicará para los primeros grados de preescolar, primaria y secundaria, a partir de octubre

Nuevo México quiere ‘destronar’ a Texas y ser el ‘mejor amigo’ de AMLO para comercio con EU

29 Ago 2022

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Las autoridades de México estaban indignadas. Rápidamente determinaron que necesitaban disminuir su dependencia de Texas y acelerar los esfuerzos para ayudar a fomentar el desarrollo del puerto de Nuevo México

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.