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18 Abril, 2026

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Tramo 5 del Tren Maya: Juez revoca suspensión de obras en tramo norte

28 Sep 2022

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El juez Adrián Pérez Novelo revocó este martes 27 de septiembre la suspensión definitiva que había otorgado para frenar las obras en el Tramo 5 Norte del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Cancún

Frente frío Número 1 e ‘Ian’ provocarán lluvias intensas en 7 estados: SMN

27 Sep 2022

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El Frente Frío Número 1 de la temporada provocará lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, informó este martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Todos los detalles de la ‘consulta’ sobre Guardia Nacional: Fecha, horarios, preguntas

27 Sep 2022

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El ejercicio participativo para escuchar la opinión del pueblo en materia de seguridad pública se realizará el próximo 22 de enero de 2023, anunció Adán Augusto López, titular de la Secretaria de Gobierno

Perito del GIEI sugiere entregar actas de defunción de los 43 normalistas de Ayotzinapa

27 Sep 2022

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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) está convencido de la muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa; incluso, uno de sus peritos pidió al gobierno de México entregar ya actas de defunción a familiares

Incógnitas del caso Ayotzinapa, ocho años después de la desaparición de 43 normalistas

26 Sep 2022

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Este lunes se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero y, pese a la intervención de dos gobiernos federales, en este caso aún no hay justicia

Enrique Alfaro se reúne con el Papa Francisco en Roma y aprovecha para unas vacaciones

26 Sep 2022

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El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tuvo una reunión de 25 minutos con el Papa Francisco en la que hablaron de la “cultura de la paz” y la convivencia social basada en el respeto este viernes 23 de septiembre

TEPJF ‘apoya’ a Américo Villarreal; propone validar triunfo en Tamaulipas

26 Sep 2022

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José Luis Vargas, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) propondrá a sus pares de la Sala Superior declarar la validez de la elección en Tamaulipas y por ende el triunfo del morenista Américo Villarreal

Eliminación del horario de verano: Esto sabemos de la propuesta de AMLO

26 Sep 2022

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La propuesta de eliminar el cambio de horario en México será discutida por el Congreso el próximo miércoles 28 de septiembre, adelantó Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, la semana pasada

Jesús Murillo Karam obtiene suspensión provisional contra vinculación a proceso

22 Sep 2022

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Jesús Murillo Karam, exprocurador de la República, obtuvo un amparo contra la vinculación a proceso por el caso Ayotzinapa

Plan de paz mundial de AMLO: Marcelo Ebrard lleva propuesta a la ONU

22 Sep 2022

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El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) una propuesta para crear un espacio de diálogo y acabar con la guerra en Ucrania

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.