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18 Abril, 2026

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‘Verdaderos opositores’, a defender la democracia

27 Oct 2022

613 veces

El político michoacano destacó que no hacer caso a lo que exponen los expertos internacionales implica una postura regresiva, autoritaria y autocrática, como ya se ha visto durante el sexenio lopezobradorista

Cuauhtémoc Blanco ‘echa la bolita’ de violencia en Morelos a alcalde de Cuernavaca

27 Oct 2022

707 veces

Cuernavaca registra una ola de violencia como hace tiempo no ocurría. Sólo en las últimas semanas hubo eventos de alto impacto, como el crimen de la diputada Gabriela Marín, así como balaceras y narcomantas

Encinas acusa campaña de descalificaciones en investigación del caso Ayotzinapa

27 Oct 2022

602 veces

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, acusó que ha habido una campaña para descalificar las investigaciones del caso Ayotzinapa

Sheinbaum se une a llamado de unidad de AMLO: ‘Morena está por encima’

26 Oct 2022

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“Trabajando para la unidad, podemos tener nuestras diferencias, pero creo que lo más importante es poner el proyecto por encima de todo”, sostuvo

Cuauhtémoc Blanco le da la ‘espalda’ a custodios de Morelos; se niega a protegerlos del crimen organizado

25 Oct 2022

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El gobierno de Morelos, que encabeza Cuauhtémoc Blanco, se ha negado a aceptar recomendaciones para garantizar la seguridad de los custodios de los penales de la entidad, y sus familias

Así fue la ‘limpia’ de Raquel Buenrostro en Economía

25 Oct 2022

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La ‘limpia’ que Raquel Buenrostro hizo tras llegar a la Secretaría de Economía bastante ruda, de acuerdo con lo relatado por Darío Celis en su columna de este martes

Suspensión de la incorporación de la Guardia Nacional a Sedena no es definitivo, según experto

25 Oct 2022

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La suspensión definitiva con la que se frenó el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se dio en lo que se resuelve el fondo del asunto, aseguró Fernando Ojesto, profesor de la UNAM

Caso Ayotzinapa: Se ‘tocará a quien sea’, incluso al Ejército, dice nuevo fiscal

25 Oct 2022

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Las pesquisas por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa continuarán “a pesar de quien sea”, dijo este lunes Roseando Gómez Piedra, nuevo fiscal especial para el caso

Feminicidios en México van al alza: suman 78 casos en septiembre

20 Oct 2022

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Los casos aumentaron a 78, siete más que los 71 registrados en agosto y 19 más que en julio, el mes con la cifra más baja en lo que va del sexenio

Samuel García contesta a Adán Augusto tras críticas de inseguridad: ‘Le informaron mal’

20 Oct 2022

607 veces

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, respondió sobre las acusaciones en materia de seguridad realizadas por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y dijo que no va a caer en el juego de la polarización

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.