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18 Abril, 2026

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Corte ordena a AMLO designar comisionados de Cofece; le da 30 días

29 Nov 2022

557 veces

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 30 días para enviar al Senado sus candidatos para completar el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)

México, dispuesto a resolver controversia de maíz transgénico en panel del T-MEC

29 Nov 2022

544 veces

El Gobierno de México está dispuesto a resolver la controversia en torno al maíz transgénico en un panel de controversia del T-MEC, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador este martes

‘Plan B’ de reforma electoral: AMLO enviará iniciativa al Congreso este fin de semana

29 Nov 2022

444 veces

Ante la decisión de los partidos opositores de bloquear la reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador planea enviar la iniciativa de reforma a leyes secundarias este fin de semana

Grupo México y AMLO ‘hacen las paces’: llegan a acuerdo por Tramo 5 del Tren Maya

29 Nov 2022

475 veces

Grupo México llegó a un acuerdo con el Gobierno de México sobre el contrato para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya

Ebrard, Sheinbaum y Adán Augusto van juntos en marcha de AMLO

28 Nov 2022

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Diversos personajes allegados a la Cuarta Transformación publicaron desde temprano su participación, este domingo, en la marcha por los cuatro años de transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

Vacaciones dignas en México: Morena frena iniciativa en Cámara de Diputados y pide discutirla

28 Nov 2022

443 veces

Los comentarios de Mier ocurren luego de que el presidente de la Comisión del Trabajo, Jesús Baldenebro, dijera que la iniciativa de vacaciones dignas debía aprobarse antes del 15 de diciembre para que tuviera efecto desde el 1 de enero de 2023

AMLO ‘no cruza los brazos’ por eliminación de prisión preventiva para delitos fiscales

28 Nov 2022

409 veces

El presidente Andrés Manuel López Obrador no aceptará tan fácilmente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que elimina la prisión preventiva para delitos fiscales

En 2022, 13.2% más mujeres víctimas de la violencia

24 Nov 2022

587 veces

La violencia contra la mujer en México no cesa. Cada día, 340 son víctimas del delito, revelan las más recientes cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

Ataques contra periodistas ‘empeoran cada día’: ONG

24 Nov 2022

515 veces

Después de que se diera a conocer el asesinato del periodista veracruzano Pedro Pablo Kumul, el investigador de la organización Human Rights Watch, Tyler Mattiace, aseguró que la situación para los comunicadores en México “ha empeorado”

Qué pasó entre Chile y México en la elección del BID

24 Nov 2022

501 veces

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó este miércoles que México y Chile no se pudieron de acuerdo en la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.